Aseguran padres de los normalistas que llevan más de cuatro años viviendo una 'pesadilla'. (ARCHIVO)
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a nombrar un fiscal especial del caso y retomar la línea de investigación desarrollada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GERI).
Hilda Legideño, madre de uno de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, aseguró que a más de cuatro años de aquella "pesadilla", los familiares mantienen una lucha incansable porque "la verdad no llega".
Al participar como oradora en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales celebrado en la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, Hilda Legideño reconoció que el actual gobierno federal ha mostrado voluntad por avanzar en el caso, aunque no es así en algunas instituciones.
Dijo que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "no avanzan al mismo ritmo", pues mientras la primera ha demorado el nombramiento del fiscal especial, la segunda "dice que sigue consiguiendo información". Ante ello la mujer denunció "falta coordinación y compromiso de las instituciones" e insistió en que los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos "seguiremos adelante hasta encontrar la verdad".
En su mensaje, hizo un reconocimiento a la digna lucha de las y los trabajadores del campo y la ciudad por avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales y en sus conquistas sindicales.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados emitió una comunicación oficial en la que negó que al rechazar el juicio político contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se le exonere de alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Este martes, la Subcomisión de Examen Previo de San Lázaro aprobó un dictamen por el que desechó la solicitud de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam, por omisiones en el ejercicio de su función como extitular de la otrora PGR, sobre todo en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
"Las pruebas que recibió la subcomisión eran insuficientes para determinar una responsabilidad política, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con facultades en materia penal para determinar la culpabilidad del exprocurador.
