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Megamulta a Afore, en vías de desinflarse

Cuatro firmas acumulaban mil 100 millones de pesos de penalización luego de reducirse entre sí traspasos

Aunque aún no es una resolución en firme, el amparo abre la posibilidad de que la sanción sea menor para las firmas. (ESPECIAL)

Aunque aún no es una resolución en firme, el amparo abre la posibilidad de que la sanción sea menor para las firmas. (ESPECIAL)

AGENCIAS

La multa histórica que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a cuatro Afore (Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal Afore) en 2017, se tambalea.

El próximo 4 de mayo se cumplirán dos años de que el organismo antimonopolios anunció una sanción de mil 100 millones de pesos contra las empresas, luego de comprobarse que se pusieron de acuerdo para reducir los traspasos entre Afore, lo que redujo la competencia entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores.

Solo Principal pagó la sanción por 75 millones de pesos, mientras Banorte y Sura lograron que jueces admitieran su solicitud de amparo. Profuturo GNP espera resolución.

Las dos compañías que lograron que se les admita el recurso legal pueden ver una disminución de la multa impuesta, como regularmente ocurre con aquellos que ganan el pleito contra la Cofece en el Poder Judicial.

Aunque aún no es una resolución en firme, la obtención del amparo abre la posibilidad que de los más de mil millones de pesos que aún están pendientes de cobrar no los haga válido el SAT.

XXI Banorte detalló que la multa está "sobreestimada", porque el tamaño del mercado afectado era mayor a lo que realmente es. "La demandante alega que la imposición de la multa es ilegal, debido a que toma parámetros erróneos y, por ende, la cuantificación del daño ocasionado al mercado está sobrevalorado", expone el juez en la resolución que emitió el pasado 5 de abril.

Ante ello, el juez pide a la Cofece que deje sin efectos la multa que se impuso a XXI Banorte por 300 millones de pesos, debido a que puede ser "arbitraria" porque se calculó la sanción al doble del monto, sin que se establezca cuál es el parámetro que se emplea para hacerlo.

Además, solicita que se les reduzca más la sanción porque deben estar en el segundo lugar de las empresas que se acogieron al programa de inmunidad en este caso.

SOLICITAN REBAJA

A principios de año, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica consideró que sí procede que Sura se acoja a la ley de amparo por diversas causas, entre ellas, el que no se integró debidamente el expediente, y que la Cofece se negó a concederles el beneficio de reducción de sanciones, bajo el programa de inmunidad.

Sura argumentó en su petición que antes de que emitiera la conclusión el regulador, enviaron electrónicamente la solicitud para acogerse al programa de inmunidad.

El juez que revisó el caso afirmó que sin desestimar la conducta que se les imputa, la práctica monopólica absoluta, es claro que hay una "falta de reconocimiento del beneficio de reducción de sanciones".

¿Qué sigue para las empresas? De acuerdo con expertos, una vez que quede en firme el amparo puede acudirse a una segunda instancia, es decir, Afore XXI Banorte y Sura, así como la Cofece, pueden interponer un recurso de revisión contra la sentencia, cuya resolución la dictará un tribunal colegiado de circuito, especializado en competencia económica.

La Cofece puede ajustar la multa una vez que quede en firme la sentencia del juzgado, cuya resolución preliminar es la copia que está en manos de esta casa editorial.

DUROS DE COBRAR

El caso de las Afore que incurrieron en prácticas monopólicas y que afectaron la competencia sin que las sanciones tuvieran la efectividad original son como otros muchos que se han registrado.

A la multa histórica contra las administradoras se suman otras que no lograron cobrarse. Está el caso de la megasanción contra Telmex por 12 mil millones de pesos, la cual finalmente se conmutó por un compromiso que asumió la empresa para realizar acciones.

Pemex es otro ejemplo. A la empresa se le impuso una penalidad por 653.2 millones de pesos, recursos que tampoco se hicieron efectivos porque también obtuvo un amparo.

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