El Estado mexicano está obligado a dar la máxima seguridad a los niños migrantes que pasan por territorio nacional.
Un juez federal determinó resolver un amparo indirecto de una asociación civil: que los menores que ingresan al país en caravanas de migrantes deben recibir el estatus de refugiados y evitar su deportación.
El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar con sede en la Ciudad de México determinó que el Estado mexicano está obligado a dar la máxima protección a los menores, luego de que la asociación interpuso un juicio de amparo contra la omisión de nueve autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cuidado de los menores.
En la sentencia, el juez sobreseyó el juicio respecto de siete autoridades porque no tenían facultades para realizar las conductas exigidas por la parte quejosa, o bien, porque las habían llevado a cabo y al hacerlo habían logrado los objetivos intrínsecos a ellas.
Sin embargo, a dos de ellas les ordenó elaborar un plan institucional con características específicas para conocer el número de menores de edad, sus condiciones y necesidades, así como para saber tales datos respecto de niñas, niños y adolescentes que ingresen al país de manera masiva posteriormente.
