Por unanimidad, el Senado de la República aprobó emitir un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se pide atraer las carpetas de investigación en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, actualmente radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado. (ARCHIVO)
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó emitir un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se pide atraer las carpetas de investigación en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, actualmente radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De atraerse este caso por la instancia federal, serían remitidas las cinco carpetas de investigación que se tienen contra el ex gobernador priista por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos con la presunta participación de exfuncionarios y familiares.
Este punto de acuerdo fue presentado este jueves por la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre, quien destacó que dicho exhorto contaba con la aprobación colegiada de la Comisión de Justicia, de la que es integrante y que está integrada de forma plural, donde, dijo, también se dictaminó de forma unánime por ser un caso que debe atendido y que "da esperanza a los zacatecanos para que, por fin, se investigue y se haga justicia".
Recordó que estas denuncias penales fueron interpuestas por diferentes políticos y ciudadanos que a través de un sinnúmero de pruebas han buscado demostrar que se hizo un mal uso de los recursos públicos por parte del ex gobernador de Zacatecas.
Por lo anterior, pidió solicitar que estas carpetas de investigación sean atraídas por la FGR, porque la PGR desechó las denuncias y, después de dos años, remitió las carpetas de investigación a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, las cuales, aseguró están "ningún avance".
Por tanto, consideró que con dicha inacción se deduce que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no sólo fue omisa, sino que fue completamente irresponsable con su obligación de impartir justicia".
Agregó que "la autoridad ministerial omitió ejercer su obligación constitucional de manera general frente a la comunidad que conlleva a consentir la impunidad y la repetición de actos transgresores de derechos, al restringir la persecución de los delitos y tolerar que se actúe libre o impunemente".
Insistió que como parlamento tiene la misión de contribuir a la justicia y que dichas carpetas de investigación deben ser atraídas por la FGR, primero, dijo, porque "no se debe tolerar la realización de conductas delictivas que afecten el patrimonio de la sociedad".
Y también - argumentó-, porque los servidores públicos de las instituciones de justicia deben atender las solicitudes de las partes con prontitud y sin causar dilaciones injustificadas, así como deberán facilitar el acceso a la justicia, ya que de no hacerlo, se afectarían los Derechos Humanos de los denunciantes.
