La Guardia Nacional, 'puede ser parte de la solución del problema, pero no es la solución en sí misma'. (ARCHIVO)
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseveró durante el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) que: "La Guardia Nacional no representa por sí misma la solución a todos los problemas de inseguridad y violencia, por lo que suponer que su entrada en operación cambiará la situación imperante en el país es, cuando menos, ingenuo".
Mientras que en el panel de expertos que se realizó dentro de este foro con sede en Zacatecas, al que asistieron los presidentes de los 32 estados del país, Alfredo Lecona, integrante del Colectivo "Seguridad sin Guerra", advirtió que podría ocurrir un madruguete legislativo en el Senado con la aprobación de las leyes secundarias (Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), tras argumentar que el actual periodo de sesiones terminará el próximo martes.
A este llamado se sumó el académico investigador Javier Oliva, quienes en sus diferentes intervenciones, coincidieron y exhortaron a los defensores de derechos humanos a pronunciarse y estar atentos como sociedad organizada para que esta aprobación se haga en un parlamento abierto o que no se aplique un "fastrack" en la aprobación de esas leyes secundarias que serán el marco normativo para operar la Guardia Nacional y así evitar que a futuro se cometan violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, en su conferencia magistral "Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional; su contenido, alcances jurídicos y su impacto en ejercicio de los derechos humanos", Luis Raúl González, presidente de la CNDH, señaló que, si bien en la Constitución, la Guardia Nacional se estableció que sería un cuerpo policiaco de carácter civil, señaló que no se excluyó de la potestad que se le concedió al presidente de la República para designar a sus mandos con personal militar en activo.
Tras señalar que esta decisión del Ejecutivo Federal se decantó por un militar en activo, también admitió que no se puede prejuzgar sobre la actuación que el mismo tendrá y solo se podrá valorar hasta que inicie operaciones la Guardia Nacional; sin embargo, asintió que tampoco se debe desconocer que el perfil y formación de los mandos necesariamente tendrá incidencia en el carácter y naturaleza que en la práctica asuma dicho cuerpo.
Por ende, explicó que la importancia radica en las disposiciones secundarias que se emitan para regular su funcionamiento, mismas que actualmente se encuentran en deliberación dentro del Poder Legislativo.
Mencionó que es muy temprano para saber realmente cuáles serán los alcances de esta reforma constitucional y lanzó varias interrogantes como:
¿Cuál será el esquema para la revisión y fortalecimiento de las policías civiles?, ¿De qué manera se dará la interacción entre la Guardia Nacional y las fuerzas armadas regulares? ¿Cuál será el mecanismo o estrategia para preparar el retorno gradual y verificable de éstas? ¿Cómo será la interacción con los gobiernos, sus estructuras de seguridad y ministerial estatales?
Insistió que esta decisión puede justificarse jurídicamente, pero advirtió que "no es algo que abone a que la Guardia Nacional cumpla con los objetivos que persigue, ni a que efectivamente tenga la naturaleza que le corresponde", además de insistir que si se integra y opera debidamente, la Guardia Nacional, "puede ser parte de la solución del problema, pero no es la solución en sí misma".
Agregó: "Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, sino contamos con 33 fiscalías autónomas y eficientes, así como con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y si no se establecen mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable".
También objetó la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aprobada casi simultánea a la de la Guardia Nacional, al considerar que este es "otro elemento que ha puesto en evidencia la falta de integralidad en la respuesta que desde el Estado se está dando a la violencia e inseguridad".
González Pérez menciona que el mayor problema que va implícito en estas reformas constitucionales es la falta de integralidad y precisar que políticamente pueden ser acciones coyunturalmente útiles, además de advertir que desde el ámbito de los derechos humanos y de la evidencia empírica generada en los últimos 12 años.
"Son medidas que han demostrado lo limitado de sus alcances y efectos, que por sí mismas no van a solucionar la situación que pretenden atender y que, de manera directa o indirecta, han propiciado se vulneren derechos fundamentales".
En estos momentos -concluyó-, solo es posible señalar que, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y desde el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, se trabajará para participar en el proceso de capacitación que los integrantes de este nuevo cuerpo de seguridad, así como en el acompañamiento y atención a quienes vean vulnerados sus derechos a partir de la actuación policiaca de la Guardia Nacional.
Por su parte, la encargada de dar la bienvenida a los ombudsperson, Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, recordó que en los últimos 12 años se ha incrementado de forma exponencial la violencia e inseguridad que ha dado cuenta el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, incluso, ha señalado como graves violaciones a los derechos humanos más de 280 mil homicidios dolosos, más de 40 mil personas desaparecidas, más de 140 periodistas asesinados, y 25 periodistas desaparecidos, así como múltiples agresiones a defensores de derechos humanos y miles de feminicidios.
