Ayer, las mujeres fueron recibidas por la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda Ezquerra. (FERNANDO COMPEÁN)
Esposas y madres de policías municipales que desaparecieron durante la ola de violencia en la región, acusan al Ayuntamiento de Torreón de obligarlas a que concluyan el trámite para la declaratoria de presunción de muerte de las víctimas y por consiguiente, la declaratoria de beneficiados, en un término de tres meses.
Según las afectadas, la intención de las autoridades es proceder a realizar la liquidación correspondiente de los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que éstas dejen de percibir los salarios y prestaciones que marca la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas de Coahuila.
Los recursos que se le entregan a las mujeres de manera quincenal oscilan entre los 3 mil 400 hasta los 8 mil 450 pesos y según dicen, muchos de ellos no corresponden a la función que desempeñaban sus familiares.
"A mí duraron un año dándome un sueldo de Agente de Parquímetros, era mi hijo, entonces yo les decía: 'Si hubiera sido Agente de Parquímetros todavía lo tuviera conmigo", expresó una de las afectadas.
Christian Castro, representante legal de quince mujeres dijo que fue el pasado 5 de marzo del presente año cuando Jesús García Colores, subsecretario de Asuntos Jurídicos les notificó de tal procedimiento, sin embargo, asegura que la petición del Gobierno municipal no puede proceder debido a que la ley dice que pasando tres años se puede presentar la presunción de muerte siempre y cuando sea a petición de los familiares o del Ministerio Público cuando haya suficientes indicios.
En los oficios que el Ayuntamiento le entregó a las afectadas, se señala que: "Se le apercibe que de no realizar y concluir las declaratorias de presunción de muerte y designación de beneficiarios, se procederá a suspender los pagos que se vienen realizando; dado que no se pueden prolongar de manera indefinida".
"Todas y cada una de ellas ya tienen su juicio de declaración de ausencia, todos radicados aquí en Torreón, unas ya tienen ejecutoria la sentencia, a otras les hace falta una notificación pero son pequeños procedimientos que faltan.
Ya presentaron su denuncia al momento de la desaparición, después la Agencia de Desaparecidos de la Fiscalía propone y hace la demanda de presunción de ausencia, es radicada aquí a los Juzgados y después el Juzgado ya determina la representante legal del familiar desaparecido ", expuso Castro.
El representante legal dijo que hasta el momento se han promovido amparos, girado oficios en primera instancia e interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según sea el caso.
"Aquí pasa algo que a mí se me hace grave. Acudimos a Comisión Nacional de Derechos Humanos a seguir la queja que hay en contra del Municipio y me llama la atención que ante Comisión sí contestan los oficios pero ante la primera instancia y el Juzgado de Distrito no los contestan.
El 28 de marzo el licenciado Colores hace referencia y dice que no se puede prolongar el estatus de desaparecidos porque es una carga en exceso, onerosa para la parte patronal. A mí se me hace ya grave esta observación porque para mí, ellas no son una carga, ellas son familiares de personas desaparecidas, de nuestras corporaciones policiacas, son los que estaban encargados para nuestra seguridad", comentó.
Una de las afectadas intervino y expresó que le parece demasiado "humillante" la forma en la que las están tratando "porque todos estos hombres que están desaparecidos trabajaron para Seguridad Pública Municipal en los tiempos más violentos que ha vivido Torreón, tuvieron la valentía de seguir. No tengo palabras para poder expresar el enojo y la furia porque desapareció mi esposo, el papá de mis hijas. Al momento de querer hacer la presunción de muerte los están matando y los van a dejar de buscar".
Las afectadas fueron recibidas ayer por la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda quien criticó que mientras el Ayuntamiento aumentó la nómina para 2019 a 890 millones de pesos sí considera excesivo los cerca de 2 millones de pesos que se otorgan al año a las esposas y madres de los policías que se encuentran en calidad de desaparecidos.
