A lo largo de su carrera política, Jair Bolsonaro se ha mostrado condescendiente con la dictadura. (EFE)
La Fiscalía brasileña repudió ayer la determinación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de "conmemorar" el golpe militar de 1964 y recordó que "festejar un golpe de Estado" es "incompatible con el Estado de Derecho".
El Ministerio Público Federal (MPF), a través de la Procuraduría de los Derechos del Ciudadano, subrayó en un comunicado que el golpe de 1964, "sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo histórico, supuso una "ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional". Las críticas del MPF llegan un día después de que el portavoz de la Presidencia, Otavio Rego Barros, anunciara la decisión de Bolsonaro de fomentar entre las Fuerzas Armadas las "conmemoraciones debidas" por el golpe militar de 1964, que cumple 55 años el próximo 31 de marzo y dio inicio a una dictadura que se prolongó hasta 1985.
El Ministerio Público subrayó que aunque el verbo conmemorar pueda tener un significado distinto, el histórico de declaraciones de Bolsonaro indica que, en este caso, se refiere a la "idea de festejar el derrocamiento del Gobierno de Joao Goulart el 1 de abril de 1964 y la instauración de una dictadura militar".
"Si se confirma esa interpretación, el acto se reviste de enorme gravedad constitucional, pues representa la defensa de la falta de respeto al Estado Democrático de Derecho", agregó el organismo, en un documento firmado por cuatro procuradores.
El portavoz de la presidencia aseguró la víspera que Bolsonaro, un capitán de la reserva nostálgico de la dictadura que imperó en Brasil durante 21 años, no considera el episodio de 1964 como un golpe militar. El ultraderechista, según Rego Barros, opina que "la sociedad reunida y percibiendo el peligro que el país estaba viviendo en aquel momento, se juntó a los civiles y militares" para "recuperar y reubicar" Brasil.
La Fiscalía destacó que el golpe de 1964 "dio origen a un régimen de restricción a los derechos fundamentales y de represión violenta y sistemática a la disidencia política", y recordó que el apoyo de un presidente puede suponer un "crimen de responsabilidad", según lo establecido en el artículo 85 de la Constitución.
