Tres jóvenes ondean banderas de Nicaragua durante una protesta para exigir que el gobierno libere a los manifestantes detenidos. (AP)
El gobierno de Nicaragua anunció ayer que excarcelará en un plazo de 90 días a todos los detenidos en el marco de las protestas que comenzaron en abril del año pasado, pero a cambio aspira a que se levanten las sanciones internacionales contra el presidente Daniel Ortega.
Así consta en un comunicado leído por el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, en compañía del canciller Denis Moncada, y de un representante de la organización ciudadana Alianza Cívica, Max Jerez, con el que se daban por reanudadas las negociaciones entre el gobierno y la oposición tras un impasse de varios días.
"La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del gobierno (...) en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país", se indica en el texto, en el que se reconoce el acompañamiento no sólo del nuncio sino también de Luis Rosadilla, delegado especial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, para lograr este consenso. Según los últimos datos de la oposición hay 640 detenidos considerados "presos políticos", y su excarcelación ha sido una de las exigencias esenciales desde que comenzó esta nueva fase de diálogo el 27 de febrero, una etapa que ha tenido varias interrupciones.
El gobierno y la oposición acordaron también invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe el proceso de liberación de los encarcelados y a la OEA para retomar el trabajo en el tema de las reformas electorales. A partir de hoy, la mesa comenzará a trabajar con una agenda que, entre otros puntos, establece que el tema los presos y los asuntos de democracia.
