En la controversia se impugnó la reducción al presupuesto destinado a las estancias infantiles. (AGENCIAS)
El alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán, presentó una ampliación a la controversia constitucional que tramitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte presupuestal de las estancias infantiles.
En su ampliación, el alcalde impugnó el cambio de reglas de operación de las estancias infantiles establecidas en el Programa de Apoyo al Bienestar de Niños y Niñas, hijos de Madres Trabajadoras, y que establece que los recursos serán entregados directamente a los padres de familia y no a los responsables de estancias infantiles. "Hay algunos aspectos importantes para hacer esta ampliación. Yo estoy convencido que a la Suprema Corte le agradará ver estos nuevos escenarios que están en la mesa y que uno de ellos es las reglas de operación que ya se publicaron", explicó luego de acudir a la Corte a presentar su escrito de ampliación.
La controversia constitucional que amplió el alcalde fue presentada en febrero pasado y en ella impugnó la reducción al presupuesto destinado a las estancias infantiles. Se trató de la primera impugnación que llega a la SCJN en contra de esta medida implementada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por lo que el alcalde solicitó suspender su aplicación.
'COBRABAN CUOTAS ADICIONALES'
Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informó ante diputados de seis comisiones en la Cámara Baja que mil 500 estancias infantiles, de las que recibían subsidio de la otrora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cobraban cuotas adicionales por arriba del promedio, que era de 800 pesos.
"Tenemos estancias que llegaban a cobrar hasta 3 mil 550 pesos adicionales al subsidio; el monto promedio que se cobraba a los padres de familia era de 800 pesos, pero teníamos más de mil 500 que cobraban arriba de 800", dijo.
La funcionaria también informó que una de las mayores deficiencias administrativas y financieras, que encontró el gobierno al hacer la revisión del programa, fue que no se operaba de manera central, sino que el recurso etiquetado para el mismo se repartía desde la Sedesol directamente a las delegaciones.
