El gobierno mexicano mantiene una postura tibia o débil en el combate al lavado de dinero, según se deduce del informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que publicó ayer. (ARCHIVO)
El gobierno mexicano mantiene una postura tibia o débil en el combate al lavado de dinero, según se deduce del informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que publicó ayer.
Este órgano, que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró que México debería esforzarse más en perseguir a los que lavan dinero y en "confiscar sus bienes para mitigar riesgos".
En su dictamen, adoptado en su plenaria de noviembre pasado, el GAFI reconoció que ha habido mejoras "significativas" en algunas áreas de la acción contra el lavado y la financiación del terrorismo respecto al anterior examen, en 2008.
No obstante, hizo hincapié en que México afronta grandes riesgos de lavado de dinero procedente de actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción o la evasión fiscal.
La mayor parte de las autoridades es consciente de esas amenazas y, en términos generales, hay una buena política de cooperación y coordinación. Sin embargo, las acciones para impedir que se materialicen "no se han priorizado lo suficiente" para que se traduzcan en "una apropiada atribución de recursos".
El GAFI se quejó de que no se transmite a la Procuraduría General de la República (PGR) el volumen de información que se debería desde la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que el número de investigaciones es bajo.
Además, "el nivel de corrupción que afecta a las agencias de orden público, en particular a nivel estatal, mina su capacidad para investigar y perseguir las infracciones graves", advirtió.
