El problema del consumo de drogas y la obligación del Estado en su atención. (EL UNIVERSAL)
El Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho a un máximo estado de salud de los niños. Hay que tener claro que el consumo de drogas es un problema de salud pública, no sólo física, sino sicológica: no es lo mismo consumir marihuana que cocaína o inhalables, los daños son diferenciados y en esa perspectiva es importante recalcar que es responsabilidad del Estado, tanto la prevención como la atención y la rehabilitación.
Un factor de riesgo para el consumo de sustancias es la disponibilidad, tal es el caso de los inhalables, como el tolueno, que forma parte de la industria y que se calcula que 60% de las ventas del PVC es para consumo humano, tan así lo saben las empresas que lo fabrican que han hecho aromático el producto.
Otro factor para que las drogas lleguen a los menores de edad es que el Estado falla en perspectiva. Llevamos una década en una guerra perdida contra el crimen organizado y los resultados son que el narcotráfico tiene control de la mayor parte del país, ya no solamente es venta de droga, sino otros delitos y en la actualidad en México tenemos más consumidores.
Durante mucho tiempo las autoridades argumentaron que sólo era un país de paso, que no teníamos el problema de Estados Unidos que registra un gran número de consumidores. No se puede seguir pensando con esa lógica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado al mundo entero, y a México en particular, de que el promedio de consumo de alcohol estaba en 13 años, esto se hace de manera global, a fin de implementar políticas públicas, pero nuestro país ha sido omiso.
Estas alertas también orientan otras cuestiones públicas, como el inicio de la actividad sexual, es por ello que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se aplica en niñas entre los 9 y 11 años de edad: el sistema de salud mexicano ahí sí respondió. La pregunta es por qué no lo ha hecho en el ámbito del alcohol y de las drogas. Ahí hay una decisión política de las autoridades que anula el carácter de problema de salud pública del consumo de sustancias, lo reduce a un tema de policías y el resultado está a la vista.
En cada encuesta es notorio el incremento de consumo a una edad más temprana. Los datos dan cuenta de que este consumo está incrementando en los estados en los que más se ha invertido contra el crimen organizado, es nuevamente esta noción policiaca del problema.
La mirada de las autoridades ha sido extraviada, la respuesta ha sido ineficiente y tiene que ver con la complicidad del Estado mexicano con los grupos criminales, al final quien lo está pagando son los niños y adolescentes.
México no está enfocando acciones que disminuyan el consumo de drogas, por ejemplo, este 2017, el presupuesto para la reducción de violencia que tenía la Secretaría de Gobernación fue de cero pesos, entonces es un absurdo que con policías y el Ejército pretendan resolver un tema de salud comunitario.
Nuestro país no tiene espacios profesionales para atender adicciones, no hay camas de hospital, hay muy pocas clínicas especializadas. En la Ciudad de México existe el Cais Torres de Potrero que tiene un espacio para 25 o 30 personas, aproximadamente, con expertos para atender estos temas.
Otro problema es que las personas con adicciones se hacen aisladas, muchos terminan viviendo en la calle y lo que le queda a las personas pobres, porque quien lo tiene puede ir a centros privados como Oceánica, terminan por ir a esas cárceles privadas llamadas anexos, sustentadas en maltratos que no resuelven la adicción, en los que muchas veces son asesinadas las personas recluidas, incluso las mujeres pueden ser víctimas de trata. Estos sitios carecen de regulación y hay ex usuarios que los usan como negocio.
El principal reto que tiene México es reconocer a las adicciones como tema de salud pública, porque el problema no es la sustancia, todas van a causar algún tipo de daño, se trata de reducir el daño y dar alternativas para superar la adicción.
No podremos avanzar si seguimos sin dispositivos de salud, sin espacios profesionales para atender adicciones crónicas y sin dinero para hacer esto, todo se tiene que realizar a través de políticas públicas que impulsen la prevención, atención y rehabilitación de adicciones.
En el país existe la Conadic, pero está arrinconada a la Secretaría de Salud y no tiene tanto poder como para orientar la política pública. En el presupuesto no hay nada para rehabilitación, ni atención de las adicciones, y muy poco está destinado para prevención; para seguridad el presupuesto es brutal.
En México debe existir una ley que establezca que el Estado tiene que prevenir que los niños sean cercanos a todo proceso de producción o consumo de drogas, pero lo que vemos es que el Estado mexicano le sigue fallando a la infancia del país. (Juan Martín Pérez García, Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México)
