Se había advertido a Rodrigo Medina de los recursos que obtenían 'Los Zetas' por las cuotas en el penal. (EFE)
El motín registrado el pasado jueves en el penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León dejó en evidencia diversas irregularidades en dicho centro penitenciario.
El autogobierno del crimen organizado al amparo de la corrupción, permitió a líderes de reos gozar de ciertos privilegios en prisión.
La revista Proceso publicó en su sitio web que la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió al exgobernador del estado, Rodrigo Medina, que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, el cártel de "Los Zetas" obtenía en Topo Chico alrededor de 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, recursos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba Nuevo León en ese entonces.
Al menos cinco millones de pesos del total que obtenían los criminales se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia, comisarios y los directivos del centro de reclusión, según el informe militar. Se rumoraba además que esas prácticas también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Proceso informó que esta advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina, sin embargo, no fue la única, pues investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el que se documentaba la situación que viven las familias de internos en la cárcel.
De igual forma, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba los penales al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
Pese a esto, el ahora exgobernador no hizo nada para retomar el control del penal, incluso ante asesinatos de custodios y jefes de guardias.
EL 60 % DE LOS INTERNOS PAGAN
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, indicó Consuelo Morales, directora de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
Añade que los familiares de los reos pagan esas extorsiones por semana o por mes con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos.
Morales dijo que hay evidencias de que cerca del 60 por ciento de los internos pagan estas cuotas.
