Venezuela es uno de los 168 Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y, como tal, debe someterse a revisiones periódicas ante el Comité. (ARCHIVO)
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas revisará la situación de los derechos humanos en Venezuela el lunes 29 y el martes 30 de junio.
Venezuela es uno de los 168 Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y, como tal, debe someterse a revisiones periódicas ante el Comité.
Los 18 integrantes del Comité entablarán un diálogo con una delegación del gobierno de Venezuela para evaluar cómo se está implementando el PIDCP.
Con motivo de la revisión, Amnistía Internacional (AI) dijo que desde febrero de 2014, Venezuela se vio sacudida por acontecimientos que tuvieron lugar en el contexto de manifestaciones pacíficas contra el gobierno en varias partes del país y la represión de que fueron objeto.
Según observó, esta es la manifestación más reciente de la creciente polarización que se ha apoderado del país desde hace más de una década.
A mediados de junio del año pasado, al menos 43 personas murieron y más de 873 personas resultaron heridas en el contexto de las manifestaciones.
Más de tres mil personas fueron acusadas o enfrentan cargos por su presunta participación en actos violentos durante las protestas, como el líder opositor Leopoldo López, quien mantuvo una huelga de hambre durante 30 días.
Amnistía Internacional documentó un gran número de casos de uso excesivo de la fuerza por la policía y otras fuerzas de seguridad. Estos incluyen el uso de armas de fuego contra manifestantes y en las zonas residenciales donde la gente estaba protestando o habían levantado barricadas.
AI también recibió otros informes que indican el uso excesivo de la fuerza, incluyendo a las víctimas y testigos oculares "sobre el uso de balas de goma para dispersar a los manifestantes, que se utilizó en algunos casos sin una clara advertencia o fueron disparados desde cerca, lo que llevó a la muerte de al menos un manifestante”.
En algunos casos, los miembros de la Guardia Nacional entraron en zonas residenciales para despejar las barricadas erigidas por los residentes y dispararon balas de goma y gas lacrimógeno en edificios y contra manifestantes sin ninguna advertencia.
Asimismo, recibió informes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos por parte de miembros de la policía y otras fuerzas de seguridad.
En muchos casos, el objetivo podría ser obtener información o para castigar a los detenidos por su participación, o supuesta participación en las protestas.
Los informes se refieren al trato de las personas cuando fueron detenidas, así como durante su transferencia y en los centros de detención.
Incluyen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad atacaron a puñetazos, patadas y golpearon a los detenidos con objetos contundentes, tales como cascos y porras, incluyendo cuando fueron sometidos en el suelo.
La organización también recibió testimonios de que se utilizaron gases lacrimógenos contra los detenidos en espacios cerrados, y que en los centros de detención se vieron obligados a ponerse de rodillas o de pie durante largos períodos de tiempo.
Además, fueron sometidos a descargas eléctricas, asfixiados con bolsas de plástico, abusados sexualmente o amenazados con violación.
