Ataque. Al recordar la matanza de los 43 estudiantes, la violencia se apodera del estado. (EFE)
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, municipio de Guerrero , elevó ayer la tensión en el país previo a las elecciones del 7 de junio al producirse actos vandálicos en Chilpancingo, capital del estado, tras una marcha por los siete meses del suceso.
Al llegar al Congreso estatal de Guerrero, un grupo de estudiantes de distintos estados pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) se hizo con cinco camionetas de reparto, que introdujeron en la explanada del recinto.
A continuación, incendiaron varios de los vehículos, que ardieron frente de la fachada del edificio legislativo.
En la reyerta no participaron los padres, quienes habían encabezado junto a la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) esta protesta, que contó con cerca de 800 asistentes, en la que exigieron la búsqueda y presentación con vida de los estudiantes.
Los familiares refutan las versiones oficiales, que consideran que la noche del 26 septiembre los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades corruptas y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero en el municipio vecino de Cocula.
Los hechos acontecidos ahora ejercen más presión sobre los elecciones del 7 de junio, cuando 83 millones de mexicanos elegirán 1,996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados.
Entre ellos Guerrero, que acumula varios incidentes.
Un grupo de la CETEG realizó esta semana varias acciones en el estado, como la quema de propaganda electoral o la toma de edificios gubernamentales, en busca del boicot de los comicios.
Aunado a ello, en varios municipios del estado suroriental de Chiapas maestros y estudiantes quemaron ayer propaganda electoral y realizaron actos vandálicos, como "pintas", en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y otros edificios oficiales en contra del proceso electoral y para exigir la presentación con vida de los 43, según reportaron medios locales.
Por los mismo motivos, en el sureño estado de Oaxaca, esta semana un grupo de profesores causó destrozos en la sede del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y bloqueó la oficina local del INE, informaron medios.
Cuando se cumplían los seis meses de la desaparición, los padres de los jóvenes advirtieron que no permitirían la celebración de los comicios en Guerrero por considerar que los políticos tienen nexos con el crimen organizado, y pidieron a la autoridad electoral una propuesta de votación por usos y costumbres, una figura incluida en la legislación mexicana para las regiones indígenas.
Sin embargo, los consejeros del INE comunicaron a los familiares que no podían cancelar los comicios porque la Constitución no lo contemplaba.
En la Ciudad de México, capital del país, se llevó a cabo ayer un simbólico acto en el que familiares de los jóvenes instalaron en una vía principal un monumento a sus hijos, consistente en un gran "+43" de madera de color rojo.
En esta jornada, el portavoz y padre de uno de los estudiantes, Melitón Ortega, afirmó que "tocarían puertas" con organismos internacionales y exigió al Gobierno que abriera una nueva línea de investigación contra el Ejército y el exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
Aguirre renunció temporalmente a su cargo casi un mes después de los sucesos y el pasado viernes pidió una licencia "definitiva e irrevocable", lo que provocó que hasta que el Congreso estatal no determine hoy lunes si se ratifica al actual mandatario interino, Rogelio Ortega, el exsecretario general de Gobierno, David Cienfuegos, sea en el encargado provisional.
