La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) analiza si hay elementos suficientes para levantar un acta de investigación en contra de las autoridades carcelarias del estado tras la intoxicación de 450 reos del penal preventivo de Puente Grande.
Por lo pronto, la Comisión dictó medidas cautelares para que el gobierno garantice la debida atención a todos los internos que el domingo por la tarde presentaron signos de intoxicación.
El organismo informó que a las 19:15 horas del domingo se emitió una queja al respecto a través de una llamada telefónica, por lo que en ese momento se activó la medida proteccionista.
Por su parte, el secretario de Salud de Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, indicó que aparentemente fue el ceviche de soya que se sirvió durante la comida lo que causo cuadros de diarrea y vómito a los reclusos.
Indicó que tras los primeros análisis se encontraron indicios de la bacteria Escherichia Coli en el alimento, que ya no estaba en óptimas condiciones.
Para atender la emergencia fue necesaria la presencia de al menos una decena de ambulancias de distintas corporaciones.
Se brindó atención médica a al menos a 170 pacientes con signos fuertes de intoxicación pero no fue necesario trasladar a ninguno a un hospital; por la mañana de este lunes 9 de ellos continuaban en observación médica dentro del reclusorio.
En Jalisco la única recomendación que la CEDHJ ha emitido respecto a los centros penitenciarios es la 17/2010, en la que se pidió al entonces secretario de Seguridad Pública y Readaptación Social, Luis Carlos Nájera (hoy fiscal general del estado) iniciar procedimientos administrativos contra personal del Reclusorio Preventivo del Estado y del Reclusorio de Puerto Vallarta que aplicaban revisiones vaginales a mujeres que visitaban a sus esposos presos.
