Ocho migrantes centroamericanos presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad contra agentes del Instituto Nacional de Migración(INM), la Policía Federal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, corporaciones que participaron en un operativo que culminó con la detención de alrededor de 300 indocumentados el 30 de abril en la comunidad Chacamax de Emiliano Zapata, Tabasco, informó el jurídico de la organización Propuesta Cívica, Alan Mayo Flota.
El abogado del organismo que está por el respeto a los derechos de los migrantes agregó que el Ministerio Público podría determinar que hay otros delitos como amenazas y lesiones, y refirió que fray Tomas González Castillo, el sacerdote Aurelio Montero y el integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, fueron agredidos por los agentes de esas corporaciones.
Indicó que las denuncias se interpusieron el jueves en la sede regional de la PGR en Tenosique, aunque evitó mencionar los nombres de quienes procedieron legalmente, pues "por seguridad no sería conveniente" decirlos.
Mayo Flota manifestó que agentes del INM mantuvieron retenidos durante veinte horas a los migrantes en los camiones en los que fueron subidos tras el operativo, sin darles derecho a ir al baño.
González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique; Figueroa, del movimiento migrante; Judith Arteaga, de Amnistía Internacional; y Alan Mayo, de Propuesta Cívica, ofrecieron una rueda de prensa para exigir respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Los activistas acusaron que los centroamericanos fueron deportados sin que mediara el proceso debido, pero algunos ya están de nuevo en el país.
El fray González Castillo dijo que en su caso, el de Aurelio y Figueroa no presentarán denuncias debido a que no confían en la PGR ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Acusó que la CNDH ha actuado con "opacidad", "lentitud" y "complicidad" en los abusos del Instituto Nacional de Migración contra los indocumentados.
Insistió en la corrupción de agentes del INM que en la ruta del migrante les cobran mil pesos a cada indocumentado por dejarlos avanzar. El instituto está en manos de "represores" y "criminales", dijo.
Criticó al gobierno de Tabasco, que participó en ese operativo en Chacamax, por sumirse a la política represiva contra migrantes que aplica el INM.
Calificó de "mediocre" la ley de migración que no le garantiza el libre tránsito a los centroamericanos, y advirtió que el gobierno federal está buscando sellar la frontera sur.
¿Van a aumentar el número de efectivos? ¿Van a construir muros?, cuestionó.
González Castillo detalló que en lo que va de 2014 el albergue La 72 ha brindado asistencia a 4 mil 500 migrantes.
