La Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados alista un proyecto de ley para que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero sea "eficiente, efectivo y menos costoso", detalló su presidente, diputado Jaime Bonilla Valdez (PT).
El legislador petista refirió que se analizará alrededor de 60 propuestas de esta instancia legislativa, así como de la Comisión de Gobernación y de Asuntos Migratorios, a fin de facilitar el proceso de voto de los mexicanos que residen en el extranjero.
Posteriormente, indicó, se tiene la intención de presentar un solo documento ante el Congreso como proyecto de Ley.
Bonilla Valdez consideró un fracaso el modelo de registro y votación que se lleva a cabo actualmente, ya que "el costo es elevado y el resultado mínimo".
Señaló que tan sólo en las elecciones presidenciales del 2012 se calculó un gasto de alrededor de 10 mil pesos por cada voto y, no obstante, hubo una menor participación electoral. Fue mucho mayor, pues en anteriores elecciones se estimó entre cuatro mil o cinco mil pesos por sufragio.
Mencionó que existen las propuestas de recurrir a las huellas dactilares, el voto por internet y ampliar los lugares donde se vota, de manera que no sólo sea en los consulados.
"Nuestra prioridad es encontrar la mejor opción para quitar las limitaciones a las que ahora se enfrentan quienes residen fuera del país, además de reducir el costo", acotó.
Expresó que el Instituto Nacional Electoral no tendría injerencia en esta Ley, seguirá las instrucciones que el Congreso le confiera, por lo que "hago votos para crear una iniciativa constructiva y funcional".
Una vez que se concluya, vote y apruebe dicha Ley, se enviaría al INE para que realice los arreglos administrativos necesarios en México y en Estados Unidos.
Crece carga para fiscalización
Las nuevas facultades que la Constitución confirió al Instituto Nacional Electoral (INE) para la fiscalización de partidos, campañas locales y federales, le obligarán a revisar unos 220 mil informes de gastos de campaña de precandidatos y candidatos de todos los niveles de elección, carga de trabajo que aún no se define cómo será enfrentada.
Tan sólo una revisión selectiva de 5 % del total de sujetos de fiscalización obligaría a solicitar "no menos de 18 mil oficios" anuales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a revisar unas 900 mil operaciones bancarias, según la Unidad de Fiscalización del ahora extinto IFE.
La Unidad de Fiscalización (UF) cuenta con 220 funcionarios, encabezados por su director general, Alfredo Cristalinas, apoyado en auditores, abogados y personal administrativo.
Por ahora no se ha determinado cuál será la adscripción de la Unidad de Fiscalización, que hoy goza de autonomía y capacidad de gestión, aunque depende del Consejo General del INE.
La reforma electoral establece que el INE deberá fiscalizar ahora no sólo partidos nacionales y candidatos federales, sino los ingresos y egresos de partidos y candidatos federales y locales.
'Olvidan' al contralor
A dos semanas de que concluya la administración del contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero Pozas, la Cámara de Diputados no ha dado a conocer quién ocupará su cargo.
Guerrero fue electo el 30 de abril de 2008, y tomó posesión el 2 de mayo, durante la administración del exconsejero Leonardo Valdés, por lo que este 30 de abril concluye el período por el que fue designado.
Según el artículo 41 de apartado "D" de la Constitución, el contralor durará seis años y podrá ser reelecto una sola vez.
"El titular de la Contraloría General del Instituto (ahora INE) será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la Ley", dice la Carta Magna.
