La Ley de Ordenamiento Social aprobada por el Congreso de Quintana Roo es una "copia muy chafa y muy tendenciosa" de la Ley de Cultura Cívica que se aplica en el Distrito Federal, con la diferencia que el nuevo mandato quintanarroense es "restrictivo, represivo y autoritario", pues busca "criminalizar" la protesta ciudadana, aseguró el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado.
El dirigente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez, anunció que recurrirán directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para promover un acto de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ordenamiento Social.
"Esta ley pretende criminalizar las protestas de la sociedad. Se violentan los derechos de los ciudadanos quintanarroenses que están consagrados en la Constitución mexicana y que son el derecho a la manifestación, al libre tránsito, el derecho a la opinión", afirma Lara.
Al respecto, el diputado local del PRD, Jorge Aguilar Osorio, calificó a la Ley de Ordenamiento Social como "un Frankenstein legislativo (...) que no tiene ni pies ni cabeza".
Aguilar Osorio manifestó que primero entró al Congreso de Quintana Roo como una Ley de Cultura Cívica para infraccionar a quienes orinen o defequen en lugares públicos o a quienes tiren basura, animales muertos, objetos y sustancias, y terminó siendo una ley que controla las manifestaciones y plantones.
"Comienza regulando la cultura cívica y termina controlando marchas, además de obligar a la autoridad a disuadirlas", expresó.
Por lo que Lara Martínez se dijo extrañado de que el diputado del PRI, Juan Carrillo Soberanis, quien "en el pasado hizo uso de las libertades que hoy busca conculcar a los quintanarroenses", haya sido el que presentara la iniciativa de ley, el 20 de marzo pasado.
Lara Martínez y Aguilar Osorio coincidieron en señalar que esta es la "prueba de fuego" para el nuevo presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), Harley Sosa, a quien exigieron pronunciarse al respecto.
Sosa fue tachado durante el proceso de elección del nuevo ombudsman como el "candidato oficial". Lara Martínez y Aguilar Osorio dijeron que es su oportunidad de demostrar su independencia de la línea gubernamental.
De este modo, el PRD local se sumó al repudio de organizaciones civiles y activistas en derechos humanos en torno a la Ley de Ordenamiento Social aprobada en fast track por grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ayer en el Congreso.
El dirigente estatal del sol azteca abrió la posibilidad de conformar un frente amplio que incluye a los Partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) -que votaron en contra de la ley- así como al Partido Movimiento Ciudadano -ausente en la discusión legislativa-, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y todo tipo de organizaciones civiles, colegios y academia, para revocar esta ley, defendida por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
El mandatario sostiene que la Ley de Ordenamiento Social es un instrumento que "blinda" a la industria turística de eventos que afecten la imagen de los destinos, que protege a los trabajadores y se avoca al respeto de los derechos de terceros afectados por marchas, bloqueos y plantones, "sin menoscabo de los derechos constitucionales".
En contraste, organizaciones civiles y miembros de la clase política han alertado que con dicha ley se fortalece el estado de "fascismo caribeño" que -dicen- padece Quintana Roo.
