Consejo. El Examen Periódico Universal (EPU) expuso avances y retos frente a la agenda de Derechos Humanos.
Aunque México aceptó la gran mayoría de las recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mantuvo reservas en aquellas que sugerían la eliminación de la figura del arraigo.
El documento presentado por el Gobierno mexicano señala que éste "toma nota" de las observaciones sobre el arraigo, y que existe la convicción de limitar su aplicación a casos verdaderamente excepcionales.
Detalla las recientes determinaciones de la Suprema Corte, relativas a que el arraigo sólo procede en delitos de delincuencia organizada; que únicamente compete al Congreso de la Unión legislarlo; que solamente puede solicitarlo el Ministerio Público Federal, y que la autorización sólo la decreta un juez federal.
Además, indica que el Gobierno federal impulsa una reforma constitucional al arraigo que reafirma que su uso sólo procede en casos de delincuencia organizada y establece límites y controles más estrictos al reducir su duración e imponer medidas de escrutinio a cargo de los organismos de protección de los derechos humanos.
No obstante, para las organizaciones de derechos humanos, esta postura significa que México rechaza por segunda ocasión (la primera fue durante el primer EPU, en 2009) las recomendaciones en materia del arraigo.
Agnieszka Raczynska, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, cuestionó que el Estado mexicano se limite a justificar el uso del arraigo, tema que consideró pendiente en la agenda de derechos humanos.
"Nos sorprende que el Estado mexicano vuelve a justificar la aplicación del arraigo y que lo que comparte no son las medidas que está tomando para evitar violaciones en el período de detención de las personas arraigadas, obviamente el arraigo en sí es una violación, sino que se justifica diciendo que el plazo de la detención ha sido reducido. Es una medida de uso frecuente incluso en casos de personas que han sido inocentes", lamentó en entrevista.
En respuesta a las inquietudes de las organizaciones, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dijo que en 2013 se redujo el uso del arraigo en poco más de 50 por ciento, en comparación con 2011 y 2012, y destacó que México ha aprobado una reforma para reducir el número de días de arraigo de 80 a 30.
México se reservó el reconocimiento a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir peticiones individuales, lo que también fue cuestionado por las organizaciones. Según el documento, éste se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia para comunicaciones individuales, señalando que actualmente la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos son presentadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez, destacó que casi la mitad de las recomendaciones a México se refieren a realizar avances a procesos que ya están en curso, implementación de leyes o armonización legislativa. Según Limón, el Gobierno federal diseñará un mecanismo de seguimiento e implementación de recomendaciones, en el que se dará espacio a la sociedad civil.
