Reforma. Un hombre utiliza su teléfono móvil. La reforma detalla las obligaciones de las empresas.
Los concesionarios en materia de telecomunicaciones quedarán obligados a cooperar con las autoridades federales para combatir delitos como el narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.
Así lo revela el proyecto de reforma secundaria en materia de telecomunicaciones que circula en el Senado, en el que se detallan las obligaciones de las empresas en materia de seguridad y justicia.
A solicitud de la Procuraduría General de la República o de las procuradurías de las entidades federativas, los concesionarios tendrán que colaborar para la localización geográfica, en tiempo real, de cualquier dispositivo de comunicación relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada.
Las empresas también permitirán a las autoridades ejercer el control y ejecutar "la intervención de las comunicaciones privadas", cuando así se requiera.
Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en coordinación con las instancias de procuración de justicia y seguridad, establecerán procedimientos y mecanismos de seguridad para los concesionarios de telecomunicaciones.
"Los concesionarios deberán dar todas las facilidades físicas, técnicas y humanas, que permitan iniciar de manera inmediata la localización geográfica en tiempo real.
"Los concesionarios deberán contar con sistemas, equipos y tecnologías que permitan la localización geográfica", se indica.
Además, según el proyecto, las empresas quedan obligadas a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad que permitan identificar, con precisión, cierta información.
Proceso de registro
Concesionarias deberán incluir la siguiente información:
⇒ Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación y servicio; origen y destino de las comunicaciones; fecha, hora y, en su caso, duración de las comunicaciones.
⇒ Los concesionarios deberán conservar la información durante 24 meses.
⇒ Deben contar con un área, disponible las 24 horas y los 365 días del año, para atender los requerimientos de la autoridad.
⇒ Las obligaciones se incrementan cuando exista una orden judicial y cuando se trate de casos de amenazas a la seguridad nacional.
⇒ Deben garantizar procedimientos expeditos para recibir reportes de robo o extravío de los equipos; suspender el servicio de los mismos, bloquear el dispositivo e intercambiar información para evitar que sean reactivados en otra empresa.
FUENTE: AGENCIA REFORMA
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