Luego de que la Presidencia de la República interpusiera una controversia constitucional contra la decisión de un juez local del Distrito Federal en el sentido de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) carece de facultades para resolver sobre la retransmisión de contenidos gratuitos en empresas de paga, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó el recurso a la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien este lunes dictó un incidente de suspensión en torno al caso.
Con ello se paralizan y, hasta que se emita una resolución, nulifican los efectos de la resolución del juez 32 de lo civil respecto a la competencia del IFT en el conflicto del "must carry" y "must offer".
De acuerdo con el documento mediante el que se decreta la suspensión, la medida permitirá "conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del juicio".
Respecto a la procedencia y efectos de la suspensión, la ministra aseguró en el mismo documento que la autoridad competente en este caso sí es el IFT "por lo que esta competencia no puede ser desconocida por cualquier otro ente público so pretexto, incluso, de la tramitación de un diverso juicio en el que se ventilen, como parece ser en la especie, derechos de índole patrimonial, como los derecho autorales en disputa".
Y agrega que "ni mucho menos se puede avalar que una autoridad judicial local, que no tiene competencia para determinar las atribuciones de dicho Instituto, pretenda desconocer -a través de un oficio- esa competencia que por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene atribuida el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede establecer a quién corresponde o no un ámbito competencial constitucional".
En los próximos días, Sánchez Cordero deberá analizar si admite el recurso del Ejecutivo federal, o si lo desecha por improcedente. Mientras tanto, su ponencia ya emplazó a la Presidencia de la República, al IFT y al juez 32 de lo civil -cuya competencia se resolvería con este juicio- a que hagan llegar su posicionamiento en torno a esta controversia.
En caso de que se determine su procedencia, Sánchez Cordero deberá elaborar un proyecto que será el que se discuta entre los ministros de la Corte.
En días pasados, expertos en materia de telecomunicaciones consultados por EL UNIVERSAL estimaron que la citada controversia parece buscar retrasar el procedimiento legal.
Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), afirmó que la notificación es "una medida, de alguna forma dilatoria". Agregó que no cree que la Suprema Corte admita la competencia en esta materia "porque no es un requerimiento judicial el que hace el juez, simplemente están informando y al no haber un requerimiento judicial no hay conflicto entre poderes".
Por su parte, fuentes del Poder Judicial también consideraron que la medida interpuesta ante la Corte tiene la intención de frenar la resolución del conflicto en materia de "must carry" y "must offer".
El miércoles pasado, el Pleno del IFT iba a discutir el tema de la transmisión de las señales de televisión abierta en sistemas de TV de paga, pero la notificación del juez detuvo el debate.
