El PRD apeló a la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de no imponer sanciones al PRI-PVEM, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al presidente Enrique Peña Nieto, por el caso de los monederos Soriana.
El PRD advirtió que el IFE hizo una interpretación "indebida" e "ilegal" de la ley y eximió a los señalados de compra y coacción del voto, pero esas anomalías pueden presentarse por separado, lo que el Instituto no valoró.
Además ambas irregularidades también pueden presentarse con o sin violencia o presión de por medio, pero el IFE concluyó infundada la queja del PRD, pues no detectó actos violentos ni presiones sobre el electorado.
El IFE, acusó el representante del PRD ante el Instituto, Camerino Márquez, "liberó indebidamente" de responsabilidad a los acusados, pues no justificó cómo arribó a la conclusión de que el PRI no repartió las tarjetas, si durante la indagatoria confirmó la existencia de ellas, y contó con testimonios de 33 personas que dijeron haberlas recibido de parte de priístas.
Además, agregó Márquez Madrid, el IFE tampoco se pronunció por el uso de esas tarjetas, que no tienen características de propaganda electoral (no exponen plataforma, no difunden propuestas ni presentan candidatos), ni fueron reportadas como gastos por los partidos PRI-PVEM, que integraron la Coalición "Compromiso por México" en 2012.
Por eso la decisión del IFE es "completamente infundada y completamente violatoria de los principios de legalidad, seguridad, exhaustividad, certeza y objetividad, así como de las reglas generales que regulan la debida valoración de pruebas".
De acuerdo al PRD sí se configuró la "compra de voto" con las tarjetas de "Aprecio por Ti" de Soriana, porque el PRI las repartió en la campaña del 2012; pidió a cambio el voto del electorado y mediante esas tarjetas innominadas (es decir, no están a nombre del usuario, por lo que cualquiera puede usarlas), los beneficiarios pudieron recibir puntos, pero también dinero en efectivo.
Dado que esos monederos no tuvieron el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas y por tanto "su distribución efectuada por el PRI resulta ser violatoria de las disposiciones legales, máxime que no fueron reportadas las erogaciones respectivas en el correspondiente informe de gastos de campaña de la coalición Compromiso por México", entonces, "necesariamente fueron utilizados para ejercer la compra del voto del electorado", concluyó Márquez Madrid.
Por último el PRD también insistió en que sí existe vínculo entre la CTM y el PRI -que el IFE consideró inexistente- pues la central obrera es su filial y la muestra es que realizó diversos actos de proselitismo en favor del entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Por tanto, "si existe plenamente una relación directa entre la empresa mercantil denominada "Soriana S.A. de C.V." con la CTM y de estos con la coalición "Compromiso por México", integrada por PRI y PVEM, y "principalmente con la campaña electoral del C. Enrique Peña Nieto", estableció el PRD en su recurso.
El caso deberá ser resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
