Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de Adriana Manzanares, indígena acusada por el aborto involuntario resultado de una relación extramatrimonial.
Luego de pasar siete años en prisión, Adriana -quien fue víctima justicia comunitaria cuando se conoció la muerte del bebé y la relación de la que era producto- "podrá reanudar su proyecto de vida", sostuvo Javier Cruz Angulo, titular de la Clínica de Interés Público del CIDE, despacho encargado de la defensa de Manzanares.
De acuerdo con Cruz Angulo, la resolución del caso sienta un precedente, ya que "los usos y costumbres no pueden sobreponerse a los derechos humanos". En ese mismo sentido, el litigante celebró la decisión de la Primera Sala de la Corte, que en su opinión cuenta con varios años de trabajo en la defensa de las garantías individuales.
La Clínica de Interés Público y el Centro Las Libres, que trabajó junto con el CIDE, están a la espera de conocer los considerandos de la Primera Sala para determinar si en el proceso contra Adriana Manzanares hubo responsabilidad del Estado mexicano.
Lo que sigue, subrayó Cruz Angulo, es garantizar que Adriana pueda continuar con su proyecto de vida.
