Originario de la comunidad de Miacatlán, en el estado de Morelos, esta persona fue sentenciada a la pena capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994. (ARCHIVO)
El gobierno de Texas está a unas horas de aplicar la pena capital al mexicano Edgar Tamayo Arias, pese a los reclamos del gobierno mexicano ante organismos internacionales y de las peticiones de organismos internacionales de derechos humanos e impartición de justicia.
Se prevé que la ejecución de Tamayo Arias, de 46 años, se efectúe este miércoles a las 18:00 horas en la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Hunstsville, Texas, a través de una “inyección letal”, un cóctel químico compuesto por tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio.
Originario de la comunidad de Miacatlán, en el estado de Morelos, esta persona fue sentenciada a la pena capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.
Sin embargo, como lo demuestran los argumentos de diversos organismos defensores de los derechos humanos, los cuales han sido recogidos por las autoridades mexicanas y expuestos ante un sinfín de organismos internacionales, las garantías individuales de este hombre fueron violentadas por las autoridades texanas.
Los defensores legales de Edgar Tamayo han argumentado que nunca fue informado que tenía el derecho de contactar al consulado mexicano para recibir asistencia legal.
La abogada que encabeza la defensa, Sandra Babcock, recordó que el mexicano está amparado por el fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó a Estados Unidos revisar su caso por posible violación a sus garantías como extranjero.
El caso de Tamayo fue uno de los 51 en Estados Unidos -16 en Texas- que la CIJ sancionó ese año por posibles violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Señaló que el dictamen de la CIJ dice que Tamayo Arias tiene el derecho de una oportunidad de demostrar cómo la falta de asistencia consular afectó su juicio.
Indicó que si Tamayo hubiera recibido protección del consulado, hubiera tenido la representación de un abogado e investigadores que habrían viajado a México donde sus familiares habrían explicado la gravedad de sus enfermedades mentales y el retraso intelectual que padece.
Señaló que con independencia de la culpabilidad del ahora sentenciado, el jurado no hubiera votado por ejecutarlo, si como resultado de la asistencia consular se hubieran revelado las incapacidades mentales del mexicano y su falta de manejo del idioma inglés.
Sin embargo, la oficina del gobernador Rick Perry ha declarado que Tamayo tuvo un juicio justo y subrayó que toda persona responsable de un crimen cometido en Texas debe recibir una pena y un castigo.
De acuerdo al Código Penal de Texas, “asesinar a un agente del orden público o a un bombero que actúe en el ejercicio legítimo de su labor oficial, sabiendo que es un policía o bombero”, constituye la primera de las ocho agravantes para imponer la pena capital.
En Texas, el homicidio de un policía es considerado igual de grave que el homicidio de un niño menor de seis años de edad.
