Las entidades deberán destinar una parte de los recursos que reciban de la Federación vía Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP) en la implementación de la reforma penal.
Así lo dispuso el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tanto en los "Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del FASP", como en el Catálogo de Bienes y Servicios del mismo Fondo.
"Mediante la instrumentación de mecanismos rectores de profesionalización en el sistema de seguridad pública y justicia penal (...) se buscará aplicar el sistema de justicia penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio", se lee en el Catálogo.
El documento establece que la inversión en la reforma constitucional de 2008 no podrá encaminarse únicamente al ámbito judicial, sino también a operadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de Gobierno.
En tanto, los "Criterios" disponen que el FASP se distribuya -para lo concerniente al nuevo sistema de justicia- en función del nivel de avance de la reforma, que se mide en cuatro etapas: inicial, planeación, entrada en vigencia y operación (parcial y total).
A más de cinco años de la aprobación de la reforma, sólo en tres estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) la operación del modelo acusatorio-oral es total, y en otras 15 entidades es parcial.
El FASP, que este año cuenta con 7 mil 921 millones, también se destinará a otros rubros como sistema penitenciario; reclutamiento, formación, evaluación y depuración de Policías; así como equipamiento, construcción y mejoramiento de instalaciones para seguridad y justicia.
Rubros
⇒ Sistema penitenciario.
⇒ Reclutamiento.
⇒ Formación, evaluación y depuración de policías.
⇒ Equipamiento, construcción y mejoramiento de instalaciones para seguridad y justicia.