Varios extrabajadores temporales denunciaron hoy en Miami los abusos cometidos por contratistas y empleadores y pidieron una reforma migratoria integral que proteja sus derechos y ponga fin a la explotación en el trabajo.
Todos ellos coincidieron en que el actual sistema de visados para trabajadores temporales o huéspedes permite que los empleadores o intermediarios abusen de ellos y, en algunos casos, incluso les sometan a una situación cercana a la esclavitud.
El caso de la ecuatoriana Fernanda de Faz ejemplifica el engaño de que son víctimas algunos estudiantes universitarios que, acogidos al programa de visado J-1, llegan a EU becados para prácticas.
Defaz, titulada en Hostelería en Ecuador, invirtió 4,500 dólares para hacer prácticas en gerencia hotelera en Estados Unidos, pero acabó "limpiando mesas, fregando el suelo y llevando platos" por menos del sueldo mínimo, denunció en una conferencia organizada por el Southern Poverty Law Center.
"Yo nunca hubiera venido si lo hubiera sabido", se quejó la joven estudiante, quien explicó que sólo cinco de los noventa estudiantes que se encontraban en la misma situación que ella se atrevieron a denunciar los abusos y engaños de que fueron objeto.
Los legisladores estadounidenses deben aprobar una "reforma migratoria que tenga en cuenta todos estos abusos para que no se repitan", apostilló la ecuatoriana.
En ese sentido, Jim Knoepp, director del Immigrant Justice Project, destacó que su organización y Southern Poverty Law Center han documentado "cientos de casos de abusos contra trabajadores huéspedes cometidos por reclutadores y compañías estadounidenses".
"Miles de trabajadores sufren abusos y fraude, con situaciones cercanas a la esclavitud" y empleadores que "no pagan el salario mínimo, ni reembolsan los gastos de viaje o les retienen los pasaportes", puso de relieve Knoepp.
Mostró su alarma por el hecho de que los trabajadores contratados no hayan recibido la atención debida en este debate sobre el plan de reforma migratoria, que se reflejará, sin duda, dijo, en un incremento del número de visados temporales, hasta 700,000 anuales.
Un trabajador temporal que vivió una situación cercana a la esclavitud fue el mexicano Esau Elizalde Mireles, que entró en EU con un visado H2-B, que permite a las empresas contratar trabajadores extranjeros para que vengan temporalmente a EU.
"Se nos prometió 90 centavos por la pieza (de pino) o 9.90 dólares la hora; pero el patrón nos pagó 70 centavos. Le reclamamos, pero nos dijo" que si no estábamos de acuerdo que nos fuéramos, cuenta desengañado Elizalde.
La situación aún empeoró más cuando el empleador, para el que trabajaban 60 horas semanales por apenas el salario mínimo, le pidió el pago de alquiler del remolque donde se alojaban. Ante este abuso, "tuvimos que compartir uno solo de los remolques, con miedo a decir nada por si nos deportaban".
Entre los abusos de que son objeto los trabajadores huéspedes figuran el incumplimiento del pago del salario mínimo, las horas extraordinarias o la retención de pasaportes por parte de los intermediarios.
"Estamos muy cerca de conseguir una reforma migratoria integral bipartidista y, como país con valores democrático que somos", tenemos la obligación de exigir un "tratamiento justo y respetuoso de los trabajadores", precisó Knoepp.
En su opinión, "no es aceptable en este país una reforma migratoria que no amplíe estos programas (de visados para trabajadores huéspedes) y les proporcione protección".
El activista comentó el caso de un grupo de 400 trabajadores extranjeros, procedentes de la India, que pagaron más de 15,000 dólares cada uno a reclutadores que les prometieron el permiso de residencia permanente a cambio.
"Lo que recibieron fueron visas temporales H2-B, solo para 6 meses y para trabajar solo para un empleador y con deudas masivas en la India", hasta el punto que uno de los trabajadores se intentó suicidar, indicó el activista.
Otro caso de engaño fue el que sufrió una extrabajadora temporal de Tailandia, quien pagó 5,000 dólares por hacer prácticas en EU y terminó haciendo camas y limpiando inodoros en un hotel de Florida.
"Es indispensable hacer cambios a la propuesta actual para que cualquier trabajador contratado tenga acceso completo a servicios legales gratuitos y a acudir a los tribunales federales", si cree que es objeto de abuso o estafa, resaltó el activista.
