Vecinos de fraccionamientos construidos por Graciano y Asociados (Gyasa), solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue una posible colusión entre la constructora y personal del Fovissste que derivó en fraude, toda vez que se otorgaron créditos hipotecarios altos a empleados federales que luego de dos años de estar pagando, no han recibido sus casas.
En rueda de prensa por parte de los afectados y el regidor Héctor Escamilla Ávila, se informa que en primera instancia acudirán con el director general del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para ponerlo al tanto de la situación y en caso de no resolverse, pedirán la intervención de la SFP.
Como es del conocimiento general, Gyasa construyó varios fraccionamientos desde hace seis años que todavía no han entregado al Municipio, pero también recibió recursos de créditos otorgados por Fovissste a trabajadores federales para una vivienda, sólo que no las ha entregado.
“Son dos situaciones: la no municipalización de los fraccionamientos por parte de Gyasa, lo que trae como consecuencia que no tienen pavimento, o se encuentran en malas condiciones, al igual que el alumbrado, la recolección de la basura y la seguridad, y la cuestión del fraude contra los empleados que les rebajan sus créditos y no han recibido sus viviendas”.
Aunado a lo anterior, los que ya tienen sus viviendas no pueden contar con sus escrituras porque no están dadas de alta ante el Registro Público de la Propiedad y es que el notario público encargado de la escrituración no ha recibido el pago por ese concepto.
El regidor manifiesta que el caso de los fraccionamientos es una bola de nieve que ha venido creciendo sin tener una atención adecuada por parte de las autoridades, “desde las administraciones municipales pasadas hasta el Fovissste y hay qué decirlo; Fovissste tiene mucho que ver aquí”.
Escamilla Ávila considera que incluso el alcalde, Carlos Aguilera, ha hecho poco caso de este serio problema, “pues se han firmado acuerdos que no se han cumplido y el Municipio debe obligar a la constructora a cumplir, ya que se han aplicado multas de hasta tres millones de pesos pero no se han hecho efectivas”.
Algunos de los fraccionamientos involucrados en el problema, son San Isidro II y III, La Muralla y Residencial Quintas Lerdo, ubicados en el nor-poniente de la ciudad.
Gerardo de la Fuente, uno de los afectados, califica de delincuentes a los dueños de la constructora y le extraña la impunidad con que se han manejado desde hace años, motivo por el cual, con la ayuda del diputado federal, Juan de Dios Castro Muñoz, acudirán a las oficinas centrales de Fovissste y a la SFP.
Asimismo, el abogado Vladimir García Castro informa que se preparan denuncias por parte de los afectados. “Primero agotaremos la vía civil y en caso de ser necesario, nos iremos por lo penal pero ya en forma directa contra Adolfo y Daniel Graciano”.
