La marcha realizada esta semana por ciudadanos y ciudadanas que se reconocen homosexuales que reclaman respeto a su dignidad, invita a enfocar el tema desde un punto de vista social estricto. El problema se suscita a raíz de que la autoridad municipal, anunció una serie de operativos para atender el problema de la prostitución en el primer cuadro de la ciudad, lo que es una cuestión de salud pública al margen de sus implicaciones morales individuales.
El tratamiento del tema ha caído bajo la influencia de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones federales, lo que obliga con mayor razón a tratar el punto con plena seriedad y bajo el presupuesto de que la dignidad de todo ser humano, queda a salvo y reconocida. En el fondo de la cuestión yace el presunto derecho que pretenden algunos a prostituirse, lo que desde luego no es objeto de tutela constitucional, por virtud de la servidumbre ignominiosa que ello supone.
La prostitución como actividad que atenta en contra de la dignidad de la persona humana, no debe ser objeto de apoyo y protección por parte de la autoridad y sólo es reconocida como una realidad de hecho para efectos del control administrativo de sus consecuencias, respecto de la salud y la seguridad de las personas. Esto último sea dicho porque el ejercicio de esta actividad, es ocasión de inseguridad y comisión de hechos ilícitos como robos y hasta homicidios.
Analizando el Reglamento Municipal en cuestión, se advierte que regula el control sanitario de la prostitución en relación específica al género femenino, cuando lo indicado desde el punto de vista de técnica legislativa, sería el referirlo a toda persona sin expresión de género. Lo anterior llevaría a que si en la comunidad se llega a imponer la prostitución masculina como una realidad de hecho, en forma automática se aplicarían las normas de control a los sujetos involucrados.
