"Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos; pagas la renta, el teléfono y la luz (…) Guárdame el resto pa' comprarme mi alipús", acostumbraba a cantar el recordado y nunca bien ponderado Pedro Infante. Esa canción me vino a la mente al comenzar a examinar el llamado proyecto del PEF 2022, la propuesta gubernamental del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año que, por cierto, de proyecto no tiene absolutamente nada, pues es casi un hecho que los diputados de Morena y sus partidos satélites no se atreverán a cambiarle ni una coma el próximo noviembre.
Pues, bueno, el presupuesto federal para el siguiente año tiene aspectos que recuerdan la canción de la Bartola. Las cuentas simplemente ya no cuadran. Muchos gastos gubernamentales tienen que hacerse de manera irremediable y no queda otra. Cinco ejemplos: el pago de las pensiones de los mexicanos jubilados, el pago de los intereses por la deuda del gobierno, el pago de las pensiones no contributivas de los adultos mayores, el pago de la nómina gubernamental y las participaciones que tienen que hacerse por ley a los estados y municipios.
Al contrario de lo que quizá uno pensaría, el presupuesto no se elabora a partir de los ingresos que se estima que estarán disponibles para sufragar los gastos, sino al revés. Para empezar, se estima la suma de todos los gastos irreductibles, irremediables, como los mencionados con anterioridad y luego se examina con lupa los componentes del gasto que son un tanto más discrecionales. Los patitos feos casi siempre acaban siendo las inversiones públicas (a excepción de los caprichos presidenciales) y los gastos de operación del sector salud y del sector educativo.
Hecho lo anterior se comunica la cifra probable del gasto total, un poco más de siete billones de pesos en 2022, para que los encargados de la parte de los ingresos se quiebren la cabeza. La manera más expedita de incrementar los posibles ingresos es sobrestimando el crecimiento económico, lo cual hace que se sobrestime a su vez la recaudación tributaria. Eso hizo el gobierno en esta ocasión, pues prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 4.1%, un porcentaje por arriba de los pronósticos que tienen el sector privado y los organismos internacionales.
Otra manera de empatar las cuentas sin sobrestimar alguna variable es contratando deuda. Pues sí, se contratará más deuda el año que entra, por más que en la mañanera se afirme lo contrario. Los requerimientos financieros del sector público casi llegarán a la cifra de un billón de pesos. Aunque, por otro lado, el cociente de la deuda total respecto al PIB no variará mucho si es que se logra crecer arriba del cuatro por ciento (otra ventaja de sobrestimar el crecimiento).
¿Qué pasará con los tres patitos feos el año que entra? En términos del PIB, el gasto en inversión pública subirá a 3.5% y el gasto en salud crecerá ligeramente a 2.8%, pero el gasto en educación caerá a 3.1%. Para estándares internacionales esos tres porcentajes son ridículamente bajos, pero el hecho es que el gobierno no cuenta ya con dinero. Si no hay pronto una reforma tributaria y una de pensiones, estaremos a fines del sexenio jugando con fuego.
