Gran Bretaña inició el lunes una investigación en torno a un escándalo de sangre contaminada que causó más de 2,000 muertes en las décadas de 1970 y 1980. (ARCHIVO)
Gran Bretaña inició el lunes una investigación en torno a un escándalo de sangre contaminada que causó más de 2,000 muertes en las décadas de 1970 y 1980.
La comisión encargada comenzó a escuchar testimonios de exalumnos de una escuela para niños con discapacidades donde decenas murieron al recibir donaciones de sangre contaminada con VIH y hepatitis.
Exalumnos de Treloar’s College y padres de niños afectados testificaron debido a que el centro médico de la escuela dio a los menores suplementos sanguíneos contaminados para tratar la hemofilia, una condición que impide la formación de coágulos sanguíneos.
Unos 89 niños resultaron infectados con VIH o hepatitis como resultado de las trasfusiones sanguíneas. Menos de una cuarta parte de ellos están con vida hoy en día.
Gary Webster, uno de los antiguos estudiantes, recordó el día que la escuela le notificó que había sido infectado.
“Me dijeron ‘no luce bien, no podemos garantizar que usted estará con vida en un par de años’. Eso realmente fue todo”, testificó.
“Estoy enfadado por lo que ocurrió, porque creo que se pudo haber evitado. Cuando después nos dijeron que había sido un accidente, me pongo a pensar en qué hubiera ocurrido”, añadió.
La investigación a lo ocurrido en la escuela es parte de una indagación más amplia sobre lo que es considerado el mayor escándalo del venerado sistema de salud pública de Gran Bretaña.
La sangre contaminada ha sido vinculada a un coagulante llamado Factor VIII, que el servicio médico británico importó de Estados Unidos. Algunos de los suplementos sanguíneos resultaron estar infectados. Parte del plasma usado para fabricar esos suplementos ha sido rastreado a donantes de condiciones precarias, incluyendo presos en cárceles estadounidenses que recibieron dinero a cambio de su sangre.
En total unas 2,400 personas fallecieron a consecuencia del escándalo.
El gobierno británico ordenó una nueva investigación en 2017 luego que averiguaciones anteriores fueron calificadas de deficientes por activistas. Se espera la publicación del reporte definitivo el próximo año o en el 2023.
