En 2011 la entonces PGR se acercó a la Oficina de Defensoría de la Infancia (ODI) porque requerían de su apoyo. Se trataba de investigar y litigar el caso de más de 30 niños y niñas que sufrieron abuso sexual infantil en la escuela Andrés Oscoy, en la Ciudad de México. Lo alarmante, no sólo es la magnitud del número de víctimas, sino que se identificaron a 10 agresores dentro de la escuela y estas agresiones eran cometidas por más de una persona adulta al mismo tiempo. Se nombraron a personal que incluía a la directora del plantel, personal de intendencia e inclusive al hijo adolescente de una de las maestras. Además, estos actos se hacían de forma grupal, con varios menores simultáneamente y los testimonios de los niños y niñas coincidían con ciertas prácticas de violencia extrema: agresiones físicas, actos ritualistas, el uso de orina y excremento, así como el ser videograbados o fotografiados. La mayoría de las y los menores eran de tan sólo 3 o 4 años y sus agresores mantenían su silencio al amenazarlos con asesinar a sus papás si decían algo. Los confundían diciéndoles que sus papás eran cómplices de estos actos, que estaban presentes, que no los habían ido a recoger a la escuela o diciéndoles que no los querían.
Pero esta historia aberrante no es un caso aislado. En 2018 la ODI se encontró con que este patrón se repetía en otra escuela de la Ciudad de México, pero inclusive en una magnitud mayor. Se juntaron 49 denuncias de niños y niñas con testimonios similares a los de 2011: múltiples agresores coludidos dentro de la escuela, actos grupales con exhibiciones sexuales de adultos, el uso de máscaras para causar terror y, lo que es aún más preocupante, la presencia de niños y niñas externos a la escuela, al igual que sedar a los menores y trasladarlos a sitios fuera de la escuela.
Esto sugiere que, aunque hay una evidente complicidad institucional en las escuelas, las prácticas trascienden el entorno escolar. El registro audiovisual también indica que puede haber una motivación de lucro detrás de estas actividades. Y por si dos casos con tantas denuncias en la CDMX fueran pocas, en una revisión exhaustiva de documentos hemerográficos y recomendaciones de comisiones de derechos humanos, la ODI identificó otros 37 casos en todo el país que seguían patrones similares a los dos casos relatados, 18 de los que fueron confirmados a mayor detalle. La complicidad debe haber escalado hasta el más alto nivel. ¿Las anteriores secretarias y secretarios de Educación no conocieron estos casos? ¿Qué tipo de reportes recibe la SEP para tomar las decisiones de asignación de personal escolar de modo que coincidentemente se concentran hasta once victimarios en una sola escuela? ¿Qué papel juegan los sindicatos de trabajadores de la educación en este entramado?
El dinero que se ganó en la explotación sexual de niños y niñas en 2010 fue de 24 mil millones de dólares. Este monto fue mayor al de la venta de armas del mismo año. Además, México es el segundo país a nivel mundial de producción de pornografía infantil.
El presidente López Obrador asegura que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está atendiendo este tema. Se hace imperante que tanto él como la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, nos respondan: ¿Cómo se responsabilizarán por las 18 escuelas con casos de explotación sexual infantil? ¿Cómo se coordinará la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la FGR? ¿La SEP se mantendrá indiferente o modificará la infraestructura escolar y sus mecanismos de asignación de personal para evitar explotación sexual? Si el dolor que han atravesado niñas y niños como víctimas de esta mafia que ha impregnado el magisterio no los obligan a realizar acciones contundentes, no sé qué lo hará.
Twitter: @MaiteAzuela
