Escuché decir a un académico español que en su país no se analiza o se enseña el Derecho Electoral de forma significativa, a diferencia de México en donde existe una amplia bibliografía y precedentes judiciales de la mayor importancia. Le pregunté por qué no se discutía con intensidad la ley electoral. Su respuesta fue breve: en España no nos gustaría volver a vivir una dictadura, apreciamos la democracia y los políticos procuran respetar las reglas de la competencia. Es así de simple, no hay mucho que discutir.
En México cada proceso electoral se acusa un fraude; no se reconoce la derrota y, a veces, sin sentido, se interponen juicios electorales. Basta leer el Informe de Labores 2019-2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por ejemplo, la Sala Regional Especializada resolvió que la promoción del nombre y cargo de un servidor público por medio de cartas entregadas a beneficiarios de programas de apoyo en época de proceso electoral pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad, e implica el uso indebido de recursos públicos. La Sala Regional Guadalajara determinó que se presume la coacción del voto en los actos sindicales si alguno de los dirigentes da a conocer propuestas de una candidatura o realiza manifestaciones a favor de ésta, pues los agremiados se ven presionados a votar por cierta preferencia política debido a su relación con la dirigencia sindical. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF destacó que la reforma de abril de 2020 "estableció reglas claras respecto de la violencia política contra las mujeres. Por primera vez quedó definido qué es, cuáles conductas deben considerarse y cuáles son las autoridades competentes para conocer estos casos… [asimismo] resultaba válida la integración de una lista de personas infractoras o sancionadas por dichas conductas, pues permite verificar si se cumple con el requisito de vivir de un modo honesto para competir por algún cargo de elección popular".
Esos ejemplos denotan el nivel de nuestra cultura de la legalidad electoral. La agenda vigente es la falta de equidad, la utilización de recursos públicos, la coacción a los ciudadanos al elegir a sus representantes y ahora, la violencia de género. Pareciera que en la búsqueda del poder no hay candidatos con ética; y si los hay, se enfrentan a un proceso en el que siempre alguien hace trampa.
Esta semana que iniciaron las campañas electorales, algunos medios de comunicación han dado cuenta de candidatos que enfrentan acusaciones de naturaleza penal. Es cierto que deben ser tratados como inocentes mientras no los declaren culpables por sentencia. Pero el artículo 38 fracción II de la Constitución establece que se suspenden los derechos políticos por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.
¿Hay que dejar competir a un candidato a pesar de estar sujeto a un proceso penal? ¿Las acusaciones que enfrenta son parte de una estrategia para eliminar a un competidor incómodo o cabe la posibilidad de que, en efecto, sea responsable? En agosto de 2011, la Corte aprobó una jurisprudencia para estos casos. Concluyó que el derecho al voto del ciudadano se suspende por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso sólo cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad, supuesto que implica su imposibilidad física para ejercer ese derecho. Esto no se presenta cuando está materialmente en libertad; supuesto en el cual, mientras no se dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el ejercicio del derecho al sufragio activo.
En otras palabras, dependiendo de la gravedad del delito será la suspensión de los derechos políticos, lo cual no me parece una solución clara ni convincente. A mi juicio debe prevalecer siempre la presunción de inocencia.
