Uno de los momentos más tristes de mi carrera profesional tuvo lugar en Roma, en junio de 1998. Era un joven consejero legal de la delegación israelí, en la conferencia donde se redactaría el Estatuto de la nueva ley internacional de la Corte Penal. El jefe de nuestra delegación era el Juez, Eli Nathan; un veterano activista de los derechos humanos, sobreviviente del Holocausto y gran defensor de la idea de establecer una corte internacional, para prevenir la inmunidad en los crímenes más serios. Sin embargo, al concluir la conferencia, Nathan tomó la palabra y con la voz temblorosa explicó que su delegación no podría formar parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Nathan explicó su consternación: veía indicios de que con el nuevo estatuto de la Corte, la ley internacional se desviaba por sus objetivos políticos. Con relación a Israel, describió que bajo la presión del grupo de los países árabes, temas que los integrantes siempre habían reconocido solo se podrían resolver a través de negociaciones de paz comprensivas, (como la presencia de judíos en Cisjordania), ahora estaban siendo renombrados como "crímenes" según el Estatuto.
Nunca se imaginó, dijo, que una institución legal como la que había soñado sería utilizada como herramienta para la guerra política contra su país. Pero al final, aseguró que mantenía la esperanza en que CPI permaneciera fiel a su verdadero propósito, y no se convirtiera en un foro para fines políticos.
Dos décadas después, las esperanzas del Juez Nathan parece que se destruyeron definitivamente. La decisión mayoritaria, de la Sala de Cuestiones Preliminares, que sostuvo el argumento de que Israel debe y puede ser investigado por crímenes de guerra, ha removido cualquier pretensión de que la Corte sea un órgano judicial genuino.
En vez de apoyarse en un análisis legal de los temas, como por ejemplo el asunto de si Palestina es un estado soberano, que puede delegar su jurisdicción en la Corte; la determinación se apoya en resoluciones de la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Estas resoluciones, decididas por una mayoría política automática, tienen poca relación con la ley o los hechos, especialmente en el caso de Israel.
Las cuestiones frente la Corte, como la existencia o no de un estado palestino, son preguntas de ley y no pueden ser decididas por espectáculos políticos de solo levantar las manos.
La ironía es que mientras la Corte insiste en reescribir las reglas de un estado para los palestinos; los palestinos no cumplen con rigor la ley. En un memorándum legal interno de la Organización para la Liberación de Palestina que se hizo público, sus propios consejeros admitieron que el territorio palestino "no debe ser tratado como un estado, ya que no posee los atributos".
En décadas recientes, se ha esparcido un prejuicio obsesivo contra Israel, en los órganos políticos de la comunidad internacional, que afecta a los cuerpos encargados de los derechos humanos y los hace muy ineficientes. Ahora, prejuicios tóxicos avanzan para infectar a los organismos judiciales. El precio de la perdida de integridad de la Corte será pagado por aquellas víctimas de crímenes que realmente debería defender.
