El momento es importante y delicado en extremo. Supone un quiebre en la historia. Si los actores políticos -en primerísimo lugar, el jefe del Ejecutivo- y los factores de poder no calculan con esmero posturas, actos y actitudes, al tiempo de ponderar acción y reacción, la sombra de una debacle puede oscurecer hasta desvanecer el porvenir y la esperanza.
Día a día, algún suceso cimbra la posibilidad de remontar la crisis y pone en vilo la viabilidad de la nación y la República. En ese estado, tensar aún más la situación para determinar quién gana la partida semeja jugar a la ruleta rusa.
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Ciertamente, asombra la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y avergüenza la acusación en su contra por supuesta complicidad criminal. Pero, sobre todo, pinta el grado de descomposición alcanzado, sin saber si ha concluido; descubre al crimen organizado y la política desorganizada; exhibe hasta dónde permeó hacia arriba la corrupción, dejando en duda qué tanto trasminó hacia abajo; borra la frontera entre política y delito, y expone la fragilidad de las instituciones, por no decir, del Estado.
No hay, sin embargo, por qué adelantar vísperas. Falta ver el desarrollo y el desenlace del proceso que involucra a quien fuera el general más importante del Ejército, pero el que un militar de ese rango, mando y jerarquía se vea señalado y obligado a comparecer ante el juzgado donde también el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna afronta un juicio, revela el nivel y el grado de penetración del crimen en el Estado.
Ojalá fuera ese el principal problema del país. Pero no es así. El problema nacional va mucho más lejos, sin acabar de perfilar su desenlace.
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Al momento nacional lo animan e irritan, lo activan y reactivan, tres operaciones mayores, cuyo resultado hoy es incierto y al cual se suma un factor peligroso y disruptivo.
Esas operaciones son el radical y brusco reajuste del modelo económico, seguido durante las últimas tres décadas que, en su saldo negativo, profundizó la desigualdad social y la corrupción voraz. Las cuarteaduras abiertas y sin reparar, provocadas por la serie de alternancias sin sentido experimentadas en el poder presidencial en las dos últimas décadas. Y el vehemente y atropellado afán de replantear o cambiar el régimen político, sin calcular la posibilidad ni priorizar los pasos.
Cirugías mayores llevadas a cabo sin un diagnóstico claro en un quirófano desvencijado, infectadas por un factor disruptivo: el catastrófico efecto de la crisis sanitaria que, aún hoy, mantiene en vilo la salud y la recuperación económica.
Ahí, la importancia de revisar la actuación de los actores políticos y la actitud de los factores de poder.
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Semana a semana, se advierte y cruje la dimensión de la complejidad nacional, urgiendo reparar en cuanto acontece.
La circunstancia demanda rebalancear los apoyos donde el Ejecutivo finca y cobija su proyecto. Recargarlo, por convicción o miedo, principalmente en las Fuerzas Armadas y no en el movimiento que lo encumbró en el poder, hoy está en entredicho. Si bien la disciplina y la vocación militar son garantía en la ejecución de tareas, el instituto armado no está exento de caer en tentaciones. Abdicar sin renunciar al liderazgo en su partido es un ardid insostenible: Morena lo requiere tanto como él necesita de ese movimiento. Opinar, dar instrucciones o regañar a los cuadros dirigentes, en vez de definir, confunde la relación del mandatario con su partido. Y, sobra decirlo, teniendo enfrente las elecciones del año entrante, la consulta popular y la revocación de mandato, despreciar al instrumento político -como lo es un partido- es un contrasentido, así cuente con algunas otras herramientas, como lo son los partidos aliados.
Disfrazar de acciones contra la corrupción simples denuncias generalizadas sin sustento ni consecuencia no respalda el firme propósito de acabar con ese mal, sólo evidencia la desesperación por allegarse recursos a costa de arrasar con instancias que, en más de un caso, en vez de vulnerar, habría que fortalecer. Esconde esa decisión la incapacidad de reconsiderar qué programas sociales y obras públicas aplazar o suspender y acerca el peligro de no conseguir ni lo uno ni lo otro.
Ignorar que no se puede ir a las elecciones del año entrante con un tribunal que, pese al tiempo transcurrido, no ha conseguido acreditar su confiabilidad, autonomía e independencia, es un error. Asombra que el conjunto de los partidos no advierta la necesidad de relevar de su cargo a los magistrados electorales y recomponer esa institución. El origen, pleitos internos, escándalos, resoluciones, intereses y ambiciones de los magistrados, así como su torpe relación con el instituto del ramo, obligan a salir de ellos, cuanto antes. No reconfiguran, desfiguran el régimen de partidos.
Insistir en la idea de revisar el pasado a partir de una diplomacia altanera y de acciones sin respaldo puede, sí, animar una polémica absurda y distraer la atención de lo importante, pero en el fondo sólo profundiza la polarización en asuntos que bien podrían ahorrarse.
Reducir el ejercicio opositor al espectáculo de la impotencia, la práctica de la rabieta, el gozo del insulto y la falta de capacidad para articular una verdadera política de resistencia sólo sirve al desarrollo de personajes, como Lilly Téllez, carentes de autoridad y responsabilidad política y moral.
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La situación es compleja, el momento singular, la oportunidad excepcional y la crisis superior a lo esperado. Si los actores y factores de poder no abren un espacio a la sensatez y la reflexión, en un tris el país podría pasar de la esperanza al desahucio, al reino de la imposibilidad. ¡Cuidado!
