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UIF politizada

Jaque mate

SERGIO SARMIENTO
"Cuando el odio juzga, el único veredicto es culpable".— Toba Beta

La Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en la Gestapo de este gobierno. La ley le permite congelar cuentas bancarias sin orden de un juez y sin presentar pruebas de un presunto ilícito. Estas facultades tenían como propósito en un principio combatir al crimen organizado, pero la UIF las utiliza cada vez más para hostigar a quienes considera enemigos del régimen.

Este 14 de septiembre la UIF anunció la congelación de las cuentas bancarias de varios de los participantes en las movilizaciones contra el uso de agua de la presa de La Boquilla, de Chihuahua, para cubrir un adeudo de líquido a Estados Unidos. La propia institución explicó: "De esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del estado de derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía". La verdad es que la acción, lejos de dar certeza jurídica, manda el mensaje de que el gobierno congelará cuentas de quienes se opongan a sus designios.

La congelación de cuentas se aplica no solo sin orden judicial, sino sin presentar acusaciones formales. Al contrario de cualquier otro proceso legal, la autoridad que acusa no está obligada a probar; quien sufre el congelamiento debe presentar pruebas de que sus ingresos son legítimos. La congelación viola así la presunción de inocencia que garantiza la Constitución.

En esta ocasión se han congelado las cuentas de Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua; José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua; y Eliseo Compeán, alcalde de Delicias. También se aplicó la medida a las cuentas de esa asociación de usuarios de riego y a las del municipio de Delicias. Ninguno forma parte del crimen organizado.

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó ayer por Twitter que la acción contra José Reyes Baeza, exdirector general del ISSSTE, "versa sobre el presunto desvío de 129 mdp del ISSSTE en el marco de la denominada estafa maestra, entre otras irregularidades financieras". Es mera coincidencia que la UIF encontró estas faltas años después y que se le congelaron las cuentas al mismo tiempo que a otros participantes en las protestas, como Salvador Alcántar, sin vínculos con el ISSSTE.

Alcántar me dijo ayer que la afirmación de que ha recibido millones de pesos en transacciones sospechosas es risible. "No tengo dinero. Fui maestro universitario muchos años. Estoy retirado. Tengo un pequeño terreno que trabajo. Es una manera de intimidar a las personas. Pero este movimiento ya no lo van a parar".

Antes vimos el caso de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte, a quien primero se le congelaron las cuentas y después se le liberaron. El ministro, cuyas posiciones no eran del agrado del gobierno, renunció. Nieto afirmó que la congelación de cuentas no tenía como propósito forzar la renuncia, porque, dijo, la acción se hizo después. Pero nunca quedó claro ni por qué se congelaron las cuentas ni por qué se descongelaron más tarde.

Es sumamente improbable que se hayan encontrado súbitamente irregularidades financieras en varios de quienes participaron en las protestas de La Boquilla. Lo que vemos, más bien, es cómo la UIF se ha convertido en una policía política con un arma muy poderosa a su disposición: la congelación de cuentas bancarias de los presuntos enemigos del régimen.

LA PREGUNTA

AMLO presentó ayer una larga y complicada posible pregunta para la consulta sobre si debe enjuiciarse a los expresidentes. Si la simplificamos quedaría: "¿Está usted de acuerdo en aplicar la ley si los expresidentes cometieron delitos?" Es una pregunta que no debe ni preguntarse.

Twitter: @SergioSarmiento

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