El populismo sirve para denigrar a un régimen político. Independientemente del esfuerzo de los políticos por hacer creer que no son populares y no populistas, "Cas Mudde", de la Universidad de Georgia, en un libro sobre la actual extrema derecha señala: populista es un término para denunciar a un político que no es serio o que ofrece soluciones simplistas.
El núcleo del populismo es una postura anti-establishment: el pueblo contra el establishment. Hay dos grupos enfrentados, irreconciliables: las élites y las masas. AMLO lo ha simplificado ingeniosamente: fifís (ricos conservadores) contra chairos (pobres quesque progresistas). La simplificación ha sido nefasta para la reconciliación nacional, polarizar a la sociedad ha impulsado la confrontación.
La atmósfera revolvente del odio nacional recibió la llegada del virus sin que el gobierno haya entendido que nada o muy poco podrá hacer para combatirlo efectivamente, sin el concurso solidario de todos y particularmente de quienes saben qué hacer. Sin médicos, epidemiólogos, neumólogos, virólogos, infectólogos, expertos en salud pública, científicos, paramédicos, enfermeras, todo lo que haga o diga AMLO es parloteo presidencial. Desgraciadamente para México el rechazo a las supuestas élites ha impedido que sean los expertos quienes, en momentos de crisis, fijen la política a seguir. Por ahora la voz cantante la lleva el merolico, el cotidiano charlatán que dice lo que hay que hacer, sin que AMLO, el primero que debería poner el ejemplo, le haga caso.
La aparición, algo tardía, tal vez efímera, del Consejo de Salubridad General merece discusión. En 1917 los constituyentes aceptaron que un experto, el diputado José María Rodríguez, médico, general, amigo y paisano de Venustiano Carranza, que había sido Jefe del Departamento de Salubridad antes de la Constitución de 17, impulsara en el Congreso la creación de un órgano constitucional que no dependiera más que del presidente de la República. El Consejo es la única respuesta institucional que tiene el gobierno ante la pandemia.
El Consejo, según la Constitución, ejerce "en materia de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas" facultades a las que debe someterse el país, incluido el presidente. El Constituyente de 1917, con un mayor compromiso y patriotismo, que la mayoría de diputados y senadores actuales, señaló que la autoridad sanitaria debería ser ejecutiva y ninguna autoridad administrativa podría oponerse a sus disposiciones.
El Consejo de Salubridad General no depende constitucionalmente de la Secretaría de Salud y COVID-19 ha demostrado la necesidad urgente del país de disponer de un órgano técnico, altamente calificado que fije los lineamientos científicos para enfrentar una emergencia nacional. Las decisiones que adopte el Consejo, si el presidente lo deja actuar y entiende lo que dice la Constitución de Querétaro, son medidas autónomas que ni siquiera dependen de la ley. Es el único órgano con el conocimiento especializado en materia de salud pública, capaz de valorar los perjuicios que ocasionará al país una pandemia, como la que vive el mundo. Dispone de las facultades para someter a las demás autoridades y particulares.
Ayer, el New York Times hizo esta advertencia aplicable a México: "...a pesar de haber perdido el tiempo y oportunidades para contener el coronavirus, Estados Unidos tiene todavía la oportunidad de aplicar medidas duras aprendidas de China, Italia y otras naciones. El encierro nacional es la única táctica restante para enfrentar un adversario viral en continuo movimiento y para ganar tiempo para permitir a los trabajadores de la salud que se preparen para lo que viene".
Como piensa Elisur Artega, uno de los más destacados juristas mexicanos: "el ánimo protagónico del presidente Andrés Manuel López Obrador lo lleva a exponerse y a exponernos frente a la pandemia del COVID-19".
Twitter: @DrMarioMelgarA
