El segundo informe del gobernador Miguel Riquelme Solís, está marcado por el deseo manifiesto del mandatario de deslindarse por lo menos en apariencia, de la influencia de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, cuya ausencia casual o deliberada, teatral o sincera, resulta notable.
Sin embargo y dado que la carrera burocrática y política de Riquelme, tiene su ascenso precisamente durante los años del moreirato, se necesita mucho más de lo que hasta ahora nos ha ofrecido el gobernador en turno, para convencernos de que realmente se ha distanciado del pasado al que por afiliación partidista, trayectoria y estilo, se encuentra irremediablemente ligado.
La notable presencia de Álvaro Moreira en el informe rendido ante el Congreso, que está en busca de una diputación local para el año entrante al amparo del Partido Revolucionario Institucional, hace temer que la administración de Riquelme sea solo un paréntesis que dé oportunidad a un nuevo embate del nefasto clan, para volver de lleno al poder.
Riquelme no ha podido desembarazarse de la influencia del moreirato en áreas claves como es el caso de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, y los hermanos gobernadores sucesivos que lo precedieron en el ejercicio del cargo, dejaron una estructura perniciosa en el plano legislativo y en el Sistema Anticorrupción, que implican en la práctica un verdadero blindaje con los que se pretende asegurar la impunidad por los crímenes del pasado reciente.
Baste recordar que la Ley Anticorrupción vigente en el Estado, que sirvió de marco normativo para armar el Sistema Anticorrupción de Coahuila, fue promulgada en los últimos meses del gobierno de Moreira Rubén, y en la integración de los órganos del sistema fueron incorporados funcionarios y empleados de aquel régimen y como tal mantienen el control. Prueba de lo anterior es que hasta la fecha el referido sistema anticorrupción es un costoso elefante blanco que no ha dado frutos dignos de mencionarse y el caso de la megadeuda de Coahuila, pareciera que ni siquiera está en su agenda.
Sin embargo la megadeuda impagable no se olvida, ni es posible dar vuelta a la página, porque toca las puertas de las finanzas de Coahuila cada mes, para reclamar el pago aproximado de trescientos millones de pesos, que no hacen mella sobre el capital adeudado, ya que después de que los coahuilenses hemos pagado veintitrés mil millones de pesos desde el año de dos mil once a la fecha, aún queda pendiente un saldo de treinta y seis mil millones de pesos de capital, que se calcula que seguiremos pagando durante treinta años más.
Por eso no se entiende que el discurso de la oposición en el Congreso encabezada por el Partido Acción Nacional, en respuesta al informe de gobierno cuyo comentario nos ocupa, se haya limitado a lamentar la existencia de la megadeuda, pero sin hacer una exigencia expresa y puntual a Riquelme, en el sentido de que cumpla con la obligación que como gobernador de Coahuila le corresponde, de hacer justicia mediante la investigación del caso y el castigo a los responsables.
La intención de mantener la impunidad a toda costa en el caso de la megadeuda, quedó refrendada en el último episodio de la novela, cuando al ser extraditado a los Estados Unidos el ex gobernador Jorge Torres, Riquelme reiteró que el Estado de Coahuila no haría ninguna reclamación al vecino país, para recuperar los recursos que se encontraron en poder de quién cubrió el interinato entre los gobiernos de Humberto y Rubén.
En una cosa tiene razón el gobernador en su informe, cuando reconoce que los logros de la entidad en materia económica, han sido posibles gracias a los coahuilenses de las cinco regiones, porque el Estado avanza a pesar del lastre de la megadeuda y de la ausencia de políticas públicas que detonen el desarrollo, en el grado que Coahuila merece.
