El 12 de marzo de 2015 escribí en este espacio que el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte había sido un "acto de arrogancia" del gobierno de Enrique Peña Nieto: "La imposición era innecesaria. Al final, será una victoria muy costosa".
"Pierde el presidente -sostuve--, que lejos de mostrarse como un mandatario que gobierna para todos se presenta como un político que busca repartir puestos de servicio público como botín. Pierde la Corte, que deja de ser vista como una institución imparcial de impartición de justicia para convertirse nuevamente en apéndice del poder presidencial. Pierde Medina Mora, que ha sido objeto de ataques politizados que poco o nada tienen que ver con su verdadero desempeño en el servicio público y que a partir de ahora será cuestionado en cada fallo como ministro. Pierde también el pueblo mexicano, porque el nombramiento significa que se seguirán multiplicando las manifestaciones de protesta. y por la incertidumbre de que estamos regresando a los tiempos de un viejo PRI que dominaba todos los aspectos de la vida pública".
Lamento haber tenido razón. La renuncia de Medina Mora ha sido tan cuestionable como su designación. No solo se convirtió en el primer ministro en renunciar desde la reconstitución de la Corte en 1994, sino que lo hizo en abierta contravención al artículo 98 de la Constitución, que establece que la renuncia de un ministro solo podrá darse por "causas graves". La carta que dirigió al presidente no solo no señalaba las causas, sino que ni siquiera estaba fechada.
El presidente dice que no intervino. "Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara", declaró el 7 de octubre, pero al parecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí lo hizo.
El periodista Salvador García Soto reveló en junio que el ministro había recibido transferencias por 2.3 millones de libras esterlinas y había realizado depósitos por 2.1 millones de dólares entre 2016 y 2018. Medina Mora lo negó, pero la UIF empezó o ya estaba haciendo investigaciones.
Santiago Nieto, el titular de la UIF, no ocultó nunca su molestia con las decisiones del ministro: "No me gusta su jurisprudencia que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior -declaró--. No comparto el criterio de Medina Mora mediante el cual señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional cuando venía de una petición extranjera".
Ayer el periodista Mario Maldonado dio a conocer que la UIF, horas antes de la renuncia, el 3 de octubre, giró un requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para bloquear 11 cuentas de Medina Mora y otras personas y empresas relacionadas con él. Pero, ¡milagro!, una vez que el ministro renunció, la UIF pidió a la CNVB que desbloqueara las cuentas. Esta petición se giró el 5 de octubre, un sábado.
Si el ministro cometió algún ilícito debe ser investigado y sancionado. Sus decisiones como ministro, sin embargo, no pueden justificar el hostigamiento. El congelamiento de cuentas antes de la renuncia y el descongelamiento después son muy mala señal. Sugieren que la UIF fue el instrumento para presionar a un ministro incómodo.
SUSPENDIDO
El magistrado Jorge Camero, que votó contra el aeropuerto de Santa Lucía, ha sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. Dice el ministro presidente Arturo Zaldívar que tenía "inconsistencias graves en su situación financiera". Esperemos que no esté siendo castigado por votar contra los deseos del presidente.
Twitter: @SergioSarmiento
