Entre las irregularidades que se encontraron están las diferencias en los precios de una compra consolidada.
La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, señaló a la pasada administración como la responsable de la mala planeación en la compra de medicamentos.
También señaló al sector privado, como farmacéuticas, por no querer adaptarse al nuevo modelo de agencia centralizada.
"La compra de medicamentos se planea un año antes, es decir, todos los medicamentos de 2019 fueron contratados en el 2018, ustedes pueden observar y si se meten a Compranet, las licitaciones se dieron en el mes de noviembre de 2018, es decir, la administración anterior realizó todas las compras de medicamentos consolidadas correspondientes a 2019", dijo en conferencia de prensa.
Acusó que la posible escasez de medicamentos y materiales de curación que hay, "se debería en todo caso a una planeación deficiente".
La funcionaria estableció que "esa mala planeación" se puede subsanar siempre en cualquier momento.
Pero advirtió que hay muchas maneras de no hacerlo, pues encontró qué hay muchas resistencias del sector público y privado para implementar una nueva estrategia para corregir las deficiencias.
La funcionaria no quiso hablar sobre el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), específicamente del que denunció el exdirector Germán Martínez.
Sólo se limitó a mencionar cómo funcionaba antes.
En compras urgentes en el IMSS, las delegaciones estatales, cada entidad directamente hacía las compras de medicamentos.
Explicó que la diferencia en los precios entre una compra consolidada a un medicamento y en una compra urgente varían muchísimo.
Dijo que no sólo subían dos y tres veces, sino muchas veces.
Se identificaron productos que estaban a 40 pesos en una compra consolidada y se iban a dos mil, dos mil 200 pesos, cuando hacían una compra urgente.
Entonces, lo que comenzaron hacer aprovechando la oportunidad en un cambio de régimen, implementar una estrategia y que los estados se sumen.
Para el siguiente proceso de licitación, informó que hay 22 entidades federativas que se quisieron adherir.
