Censurada la inacción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de cara al ejercicio del Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de aprobarse una reforma, planteada en el Senado, la esperanza del ahora sí con el nuevo gobierno sería más nebulosa.
De acuerdo con ésta, la distribución de las aportaciones de ley de las empresas mineras se destinaría 50% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México donde hubo extracción.
El 49%, a su vez, se derramaría en las entidades federativas y municipios donde están instaladas las minas.
El 1% restante se entregará a la Dirección General de Minas.
El problema, al margen de que en el Valle de México sólo hubo explotación de minas de arena, es que la propuesta planteada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos del Partido del Trabajo, va contra la intención del nuevo gobierno de hacer efectiva la derrama bajo la tutela de la Secretaría de Economía.
Lo dramático del asunto es que la impulsora de la propuesta es zacatecana, una de las entidades con mayor vocación minera.
El agandalle a favor de la metrópoli le restaría posibilidad de compensar los daños ecológicos provocados por la explotación extractiva.
Integrado por una aportación equivalente a 5% de los ingresos acumulables netos de las empresas mineras, el fondo apunta al equipamiento en materia de infraestructura de las comunidades afectadas, en un abanico que oscilaría desde plantas de tratamiento de aguas hasta obras que preservarían las áreas naturales, pasando por caminos rurales y equipamiento de escuelas.
De acuerdo con la ley que le dio cauce, el Fondo Minero se prorratearía entre los municipios, las entidades federativas y el Gobierno federal, en proporción de 30%, 50% y 20%.
De este último porcentaje, la Sedue utilizaría 2.5% para gasto corriente.
El caso es que hasta hoy no hay resultados tangibles en beneficio de las comunidades ni transparencia en el manejo del dinero, con la novedad de que las empresas mineras, al fragor del gravamen, suspendieron o acotaron las tareas de responsabilidad social que realizaban.
Con la reforma, el escenario seguiría desolado.
De Guatemala a Guatepeor.
BALANCE GENERAL
Abierta la puerta a la negociación por parte del despacho estadounidense que representa a los tenedores de una parte de los bonos verdes emitidos para financiar el aeropuerto de Texcoco, la posibilidad de un arreglo apuntaría a que se garantice un flujo de pasajeros hacia la terminal internacional de Santa Lucía; se clarifique la tenencia accionaria de la de Toluca, y se den señales de alargar la vida del de la Ciudad de México.
Desde otro ángulo, la intención es que suba la oferta de compra de parte de los papeles que alcanzará un monto de mil 800 millones de dólares, para lograr su costo nominal y quizá un premio adicional.
La oferta es de 90 centavos por cada dólar.
PERDÓN Y OLVIDO
En los últimos días del sexenio, a la callada, la Procuraduría General de la República se desistió de las dos órdenes de aprehensión que había solicitado contra el expresidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, quien está refugiado en Nueva York.
La petición se planteó ante el juzgado Décimo de Distrito de Procesos Federales.
Los cargos contra el empresario apuntaban a violaciones a la Ley del Mercado de Valores, encausando la querella hacia el terreno penal.
