Ante el notorio y creciente deterioro en el servicio médico que recibe el magisterio al servicio del gobierno del estado (profesores agremiados en la sección 38 del SNTE y de las Universidades Autónomas de Coahuila y de Agricultura Antonio Narro y demás personal de estas tres entidades), la Coalición de Trabajadores de la Educación presentó el pasado 8 de mayo, por la vía de la iniciativa popular, un proyecto de nueva Ley de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación.
Los autores parten de la hipótesis de que un nuevo marco jurídico en la materia es suficiente para resolver el problema que padecen, del pésimo servicio médico y el probado desabasto de medicamentos y demás insumos para la salud en las clínicas del magisterio. Problema que consideran imposible de resolver con la vigente ley en la materia, que data del 6 de mayo de 2011.
La iniciativa de los maestros, básicamente profesores jubilados, ha sido "procesada" en el Congreso con lentitud desesperante. Los responsables de su estudio y dictamen han arrastrado tan notoriamente los pies, que sólo se oye el rechinar de su calzado. Lo cual, naturalmente, ha causado mayor enojo entre los autores de la iniciativa.
Fue hasta el pasado 3 de octubre que se recibió en el Congreso una iniciativa del gobernador sobre la misma materia. Y entonces sí se puso de inmediato en marcha la maquinaria con vistas a su inmediato y rápido dictamen. El contraste entre la atención dada a una y otra iniciativa es significativo. Tanto, como la diferencia que hay entre la congelación y el vapor. La primera aplicada al proyecto de los maestros, y el segundo a la del gobernador.
La iniciativa del Ejecutivo local, conformada por 56 artículos y una breve exposición de motivos (que poco explica y menos aún motiva su aprobación), incluye avances mínimos con relación a la ley vigente. Comprende también ciertos errores de redacción, algunos pasajes carentes de técnica legislativa y más de una contradicción (antinomia) en sus preceptos. Amén de que su contenido, en general, en nada o escasamente ayudará a resolver el problema de fondo del mencionado servicio médico.
Imposible hacer referencia aquí a todos los aspectos susceptibles de comentar de la iniciativa del gobernador, que sí me propongo abordar desde la tribuna del Congreso. Por ahora sólo aludiré a dos de los más importantes. Uno, en relación con los enormes adeudos, superiores a los 900 millones de pesos, que con el Servicio Médico tienen la Dirección de Pensiones y las dos universidades mencionadas (UA de C y UAAAN). Dice la exposición de motivos que "con la finalidad de que el patrimonio del Organismo se utilice únicamente para los fines establecidos en la propia legislación, se elimina la posibilidad de utilizarlo para apoyar a otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación al servicio del Estado".
En efecto, la iniciativa del gobernador no incluye algún precepto similar al artículo 24-B de la ley vigente, incorporado a ésta el 8 de enero de 2016. Pero nada garantiza que no se vuelvan a autorizar operaciones como las que provocaron la mencionada situación; no al menos en un gobierno en que se toman decisiones a capricho u obedeciendo consignas. Lo que debe hacerse es prohibir expresamente ese tipo de transacciones de apoyo a otros organismos y sancionar penalmente a quienes acuerden tales medidas. De sobra está decir que la iniciativa no incluye un precepto en tal sentido.
El otro aspecto crucial -que ha provocado el pésimo manejo del Servicio Médico- es el control férreo y total que sobre éste tienen y ejercen los líderes de la sección 38 del SNTE. Dice el art. 38 de la ley aún vigente que "los integrantes del Consejo de Administración serán electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE… a propuesta de su Secretario General". Y con tal control los líderes deciden los nombramientos del personal, sus compensaciones y sobresueldos, las adquisiciones, enajenaciones, cesiones, cualquier operación de compra, venta o arrendamiento "en que se comprometa el patrimonio de la Institución" (art. 35). Una verdadera locura. Equivale a que el ISSSTE sea dirigido y controlado por el SNTE.
Pues bien, en la iniciativa del gobernador se propone que el Consejo de Administración se integre por 7 miembros, de los cuales dos sean nombrados por el Ejecutivo estatal. Otro de los siete sería designado por la sección 38 del SNTE, que en el Consejo contaría, él solo, con el 54.4% de la votación total. Un consejero quórum y quien todo lo decidirá. Ni la burla perdonan.
¿Qué les deben el gobernador y los priistas a los líderes estatales del SNTE o al emboscado personaje que los controla? ¿Creen acaso que con el modelo que se propone terminarán los malos manejos? ¿Ingenuidad? ¿O perversión y complicidad?
