La expedición de una licencia de funcionamiento por el Municipio de Torreón, con la que se pretende abrir un negocio de apuestas en nuestra ciudad, constituye un reto para el alcalde Jorge Zermeño Infante.
De acuerdo a la explicación del alcalde, la licencia fue emitida en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Municipal de Justicia Administrativa de nuestra ciudad, lo que mantiene el cuestionamiento en la esfera de autoridad del edil, con la particularidad de que la resolución de que se trata, fue dictada en contra del tenor expreso del artículo 158-U de la Constitución del Estado de Coahuila y por tanto, en violación directa a la disposición citada, que prohíbe la instalación de casinos en la entidad.
La responsabilidad en principio corresponde al Presidente del Tribunal mencionado, sin embargo, contamina a una buena parte de la estructura administrativa del Gobierno municipal, incluyendo a la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Finanzas.
El alcalde asegura que el pago anual de la licencia en cuestión se estuvo cubriendo desde la clausura del casino en septiembre de 2012, y agrega que en virtud de que la administración actual se negó a recibir el importe del mismo, la empresa solicitante acudió a la justicia administrativa. Lo anterior revela dos cosas; primero que el equipo de Zermeño detectó el problema a tiempo y no tuvo la capacidad para resolverlo y segundo, que el funcionario que se haya atrevido a desafiar la política de rechazo a tales negocios, desde la posición que fuere, manipuló la estructura y lo hizo en virtud de un plan deliberado, con toda intención y conocimiento de causa.
Sin perjuicio de la responsabilidad que al equipo del alcalde corresponde, no se descarta como causa concurrente la conspiración desde fuera, como lo revela la sospechosa continuidad en los pagos anuales de la licencia durante las administraciones de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, y pone de manifiesto que los promotores de los casinos acechan para regresar en la primera oportunidad, lo que exige de la autoridad un estado de alerta permanente, en éste y todos los frentes que son de su competencia.
Por eso ante la actitud hipócrita del propio Riquelme y del presidente estatal del PRI que sin recato rasgan sus vestiduras y acusan con dedo flamígero a la administración panista, no hay quién les crea y ni siquiera los tome en serio. Aún está fresca en la memoria de los torreonenses, que el PRI de los Moreira fue el responsable en su día, de la entrega de nuestra ciudad en garras del crimen organizado.
Sin embargo, nada exime en este caso, la responsabilidad de la administración de Zermeño. Se entiende que al exalcalde José Ángel Pérez le haya tomado por sorpresa el embate contra la Ciudad en aquellos años, como sucedió prácticamente a todos los protagonistas de nuestra vida pública regional.
Hoy día ya no existe sorpresa, y ello obliga a Jorge Zermeño a demostrar que está a la altura de responder a los retos que enfrenta nuestra ciudad, porque para eso fue electo por una sociedad que en este momento le reclama que por ningún motivo abra la puerta a los casinos, ni a ningún otro riesgo próximo o remoto que pueda detonar una nueva racha de inseguridad en nuestra región.
El prestigio político y personal del alcalde está en juego. El pueblo de Torreón aguarda con fundada esperanza y amable paciencia que Zermeño termine de tomar las riendas del gobierno que preside y lo apoya frente a la crisis del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el desconcierto en las obras de la Calzada Colón, y hasta en la apatía por denunciar a los responsables que en las dos pasadas administraciones, saquearon la hacienda pública y vendieron la plaza.
Los yerros y omisiones en los que ha incurrido la actual administración municipal encienden focos rojos que exigen la atención del alcalde, pero el tema de la licencia de funcionamiento del casino en comento, despide un fuerte olor a podrido, que indica que en el círculo cercano a Zermeño, hay gato encerrado.
