Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya es formalmente presidente electo. Tomó 50 años derribar con votos la muralla del viejo sistema político. La nueva tarea va a ser una combinación complicada de destrucción, reconstrucción y creación.
Por semanas, los medios mostraron a decenas de personas en las puertas de la "Casa de Transición". Venían de todas partes para cualquier tipo de demandas, peticiones, denuncias y ofrecimientos: solicitar un préstamo o una ayuda para un enfermo, presentar quejas u ofrecer un currículum para acceder a un puesto en el nuevo gobierno. Recibir y contestar estas demandas es toda una tarea, pero lo verdaderamente difícil va a ser responder a las que formularán los grandes conjuntos sociales -clases populares y medias--, las instituciones, los grupos de interés y de presión -nacionales y extranjeros-, los personajes del gran dinero y de la potencia del norte.
La teoría de los sistemas políticos señala que un exceso de demandas sobre los centros de decisión y las instituciones del Estado, puede llevar a que no se procesen de manera apropiada -por insuficiencia de recursos o de capacidad- y dejar insatisfechos a los demandantes. A la larga, ello disminuiría el apoyo al régimen o, peor aún, podría propiciar su colapso, como es el caso de los estados fallidos. Para operar razonablemente, todo sistema debe tener, además de apoyo, formas de controlar la formulación de exigencias. Para ello debe contar con gate keepers o mecanismos para controlar el flujo de exigencias, su naturaleza y su acceso a los puntos de decisión, (David Easton, A system analysis of political life, Wiley & Sons, 1965, pp. 58-59).
La solución que la derecha encontró hace tiempo para disminuir la presión de las exigencias sociales, fue radical: desmantelar el llamado "Estado de bienestar": disminuir las agencias de control y redirigir hacia el mercado una parte cada vez mayor de las demandas sociales -salud, educación, ayuda a desempleados, pensiones, servicios, infraestructura, seguridad, etcétera. En un estudio que la Comisión Trilateral creada por David Rockefeller en 1973 pidió a tres académicos, uno norteamericano -Samuel P. Huntington-, otro europeo -Michel Crozier- y otro japonés -Joji Watanuki- titulado: The crisis of democracy, (Nueva York, 1975), se sostuvo que la democracia occidental sería inviable en el futuro si insistía en sostener las premisas que habían dado origen al Estado benefactor tras la II Guerra Mundial. Y es que ese Estado había asumido cada vez más responsabilidades frente a su sociedad, que implicaban el mantenimiento de burocracias enormes e ineficientes y gastos crecientes. De seguir ese proceso, el quiebre del fisco de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, sería inevitable.
Con esas premisas, la solución era obvia para estos coautores: la mayor parte de las exigencias sociales se debían redirigir al mercado. Para disminuir la carga del Estado había que privatizar todo lo privatizable: educación, salud, industria estatal, infraestructura, comunicaciones, pensiones, investigación científica, etcétera. Estas recomendaciones se siguieron en los países desarrollados (en unos más que en otros) y el resultado es el mundo actual. Uno caracterizado, en lo social, por una creciente concentración de la propiedad -Apple ya está valuada en un millón de millones de dólares y sigue creciendo-, de la riqueza y los privilegios, una pobreza notable en ciertas sociedades ricas e imbatible en sociedades pobres, clase media a la baja, salarios reales a la baja o estancados, empleo precario y poca movilidad social, destrucción acelerada de la ecología y más. Y en el caso de sociedades como la mexicana: violencia criminal imparable, corrupción generalizada y deterioro institucional.
AMLO, lo que él representa y quienes le apoyan, no se proponen volver a un status quo anterior al neoliberalismo, como un buen número de sus críticos insisten. Eso es imposible. No hay duda de que AMLO y muchos de los suyos se proponen una verdadera y profunda transformación en beneficio de las mayorías. Empero, como no hay soluciones fáciles, hay que empezar frenando la brutalidad del modelo de mercado "realmente existente" en el que vivimos y regresarle al Estado un papel activo, capaz de crear un orden más justo y propio del siglo XXI.
El mercado -que nunca ha funcionado como un sistema de competencia perfecta- es un mecanismo útil para asignar recursos escasos. Sin embargo, no está hecho para promover la justicia social ya que da más al que de entrada tiene más y menos al que ingresa al juego con menos recursos: capital, preparación, conexiones sociales y factores similares.
Este tipo de mercado, más la corrupción de los últimos decenios, han generado en México tanta desigualdad y desventajas para tantos, que el nuevo régimen tiene que implicar una gran descompresión y enfrentar un sunami de demandas, muchas de difícil solución. Sin embargo, la legitimidad del liderazgo de AMLO es enorme y el nuevo presidente se perfila dispuesto a emplearla fondo para hacer aceptable a la mayoría que el "enderezador de entuertos" acumulados por sexenios va a requerir tiempo y negociaciones constantes. Pero en la medida en que el apoyo se mantenga, es posible ganar el futuro que merecemos.
www.lorenzomeyer.com.mx
