Corrupción, esa 'trivialidad'
Primer acto. Un diputado federal del PRI, casi al cierre de la sesión en San Lázaro, toma la palabra para arremeter contra el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. De fondo, sus correligionarios despliegan mantas y figuras en donde se mofan del aspirante y lo muestran como un delincuente. En respuesta, los diputados del llamado frente opositor exigen al presidente Enrique Peña Nieto que saque las manos del proceso electoral y a la Procuraduría General de la República que deje de ser la vocería del PRI.
Segundo acto. Con gritos y aplausos, diputados del PRI y sus aliados PVEM y Panal festejan en la máxima tribuna haber juntado los votos suficientes para rechazar la propuesta de una legisladora de Morena para que la Auditoría Superior de la Federación inicie los procedimientos y presente las denuncias contra funcionarios de Pemex por un contrato que favoreció a una empresa filial de la polémica firma brasileña Odebrecht y que ocasionó un quebranto a la compañía estatal. En reacción, los diputados del PAN y sus aliados PRD y MC desplegaron una lona con la frase "Hijos de la Estafa Maestra" y fotografías del presidente Peña, el candidato priista José Antonio Meade y otros funcionarios.
Tercer acto. Ante la falta de acuerdos en el Congreso de la Unión, las Juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados anuncian que será hasta un posible período extraordinario de sesiones, pasada la jornada electoral, que se retome la conformación del postergado Sistema Nacional Anticorrupción y se discutan los nombramientos de los fiscales general de la República y especial en combate a la corrupción, piezas clave del modelo. También reconocieron que no hay consenso para nombrar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Los tres actos descritos ocurrieron en los primeros días de marzo y muestran claramente cómo conciben los partidos políticos y qué tanto les importa la lucha contra la corrupción, uno de los principales lastres de la República. Ahora veamos el contexto en el que se desarrolla esta trama, para dimensionar la gravedad del abordaje trivial que suelen hacer en general los representantes populares. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, que es el reporte más reciente publicado apenas hace unos días, México se ubica en el lugar 135 de 180 países evaluados. Dicho de otra forma, nuestro estado nacional se encuentra entre los 50 más corruptos del listado que año con año publica la organización Transparencia Internacional. En perspectiva, en 2007 México se encontraba en el lugar 72 de 180.
Pero ¿cuánto cuesta la corrupción? En cifras económicas, entre 9 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según el Banco Mundial, Banco de México y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Esto representa al año alrededor de 345,000 millones de pesos, de acuerdo con Inegi y la asociación México ¿Cómo Vamos?, un dato que equivale a 7.2 veces el presupuesto de egresos del estado de Coahuila en 2018.
El impacto social no es menor: según Transparencia Mexicana, el 14 por ciento del ingreso promedio de las familias se destina a pagos extraoficiales; y de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, existe una correlación clara entre corrupción y niveles de violencia. Porque corrupción también quiere decir impunidad. Sólo para darnos una idea, siete de las 20 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. La primera, Los Cabos, de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Y con 25,339 homicidios dolosos, 2017 se convirtió en el año más sangriento de la historia reciente de México.
Y también hay un efecto político. Según el informe México: Anatomía de la Corrupción, elaborado por IMCO y CIDE, este flagelo tiene una incidencia en los bajos niveles de satisfacción de la democracia, que se colocan apenas en un 27 por ciento de la población. Asi mismo, la desconfianza en las instituciones públicas crece en la medida que aumenta la percepción de corrupción. Al menos 8 de cada 10 mexicanos no confían en los partidos políticos, los órganos legislativos y el Poder Judicial.
Y ¿qué es la corrupción? O, mejor dicho, ¿cómo se manifiesta? El catálogo se ha ido ampliando en México en las últimas dos décadas en las que hemos transitado de escándalo en escándalo, sobre todo, en los gobiernos estatales, pero no exclusivamente en ellos. Los ejemplos van desde los sobornos más pedestres a agentes de Tránsito, hasta contratos multimillonarios otorgados a empresas a cambio de comisiones o prerrogativas extralegales, pasando por contrataciones de deuda pública injustificables, creación de empresas "fantasma" para desviar recursos públicos y colusión con grupos criminales para el lavado de dinero.
Por todo lo anterior, resulta aberrante la manera en la que los partidos políticos y sus integrantes abordan el tema de la corrupción, la cual se ha convertido en un arma más para el bajo golpeteo en tiempos de campañas electorales. Todos hablan del problema, pero la mayor parte de las veces para denostar al rival. Y las posiciones van desde quienes se asumen como impolutos, libres de todo pecado, incluso teniendo en sus filas a personajes cuestionados con sustento sobre su actuar público, hasta quienes se empeñan por demostrar que no sólo en su partido hay corrupción, sino que todos los demás son igual o peor que ellos.
Si revisamos detenidamente los ciclos electorales en México encontraremos que siempre que se acercan los comicios las denuncias públicas y formales de asuntos relacionados con la corrupción aumentan, pero una vez transcurridos los procesos, esos casos en su mayoría se olvidan, lo que deja en evidencia el uso electorero de los mismos. Como ejemplo basta citar el caso de Coahuila: ¿dónde quedaron las múltiples denuncias que los candidatos y sus partidos hicieron contra sus rivales durante el proceso electoral de 2017, cuando se renovaron las alcaldías, el Congreso y la gubernatura? Es la trivialización de la corrupción o la corrupción convertida en burdo espectáculo público en el que, al final, todo sigue igual.
Más allá de la aplicación de reformas necesarias para consolidar un andamiaje institucional que permita no sólo castigar de forma eficiente los delitos relacionados con la corrupción, sino también prevenirla a través de un sistema menos complejo y más efectivo de transparencia y rendición de cuentas, el primer paso es exigirle a los políticos y representantes populares congruencia en su decir y actuar y que dejen de manosear el tema a su conveniencia personal e intereses gremiales.
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