Alrededor de 50 transportistas urbanos que representan unas 220 concesiones y que utilizan el corredor troncal del bulevar Revolución, se ampararon contra el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón por la nueva Ley Estatal de Transporte y Movilidad Sustentable. (EL SIGLO DE TORREÓN/FERNANDO COMPEÁN)
Alrededor de 50 transportistas urbanos que representan unas 220 concesiones y que utilizan el corredor troncal del bulevar Revolución, se ampararon contra el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón por la nueva Ley Estatal de Transporte y Movilidad Sustentable aprobada y publicada a finales de 2017.
José Ángel Cuéllar, representante de la empresa Sistemas Tecnológicos de Prepago, dijo que "nosotros queremos el Metrobús, pero no las condiciones en que fue plasmada su operación en la citada Ley. Nos deja sin ninguna participación en la toma de decisiones al respecto, empezando por el hecho de que en 30 años el Estado sería el dueño de todos los equipos. El gobierno del Estado queda como autoridad rectora y el Municipio como ejecutora".
Dice que el amparo se promovió en seis juzgados federales por parte de dos abogados, "Perches" y "Govea". "De seguro tanto el Estado como el Municipio ya recibieron las notificaciones de los amparos", comentó.
Los transportistas quieren seguir teniendo el control del sistema de prepago. Todo el recurso que se deriva actualmente de este sistema se maneja a través de una empresa que, según Cuéllar, está legalmente registrada y se quedó con este derecho luego de que ACS Solutions terminó su contrato y los derechos pasaron a la empresa Xerox en 2015.
Se dijo entonces que se haría una licitación, pues existía un fideicomiso en el que participaba el Municipio, pero no se hizo y los transportistas se quedaron con el software y 500 equipos de prepago.
Los transportistas buscan también negociar la compra de los camiones una vez que se defina el tipo, así como injerencia total en el Centro de Control de las unidades que se montará en el Banco de México.
Ellos quieren también proponer la empresa de gas comprimido que se utilizará en este sistema de transporte metropolitano.
"Hay dos puntos muy específicos de esa Ley en la que no estamos de acuerdo -dice Cuéllar-: que a los 30 años el Estado se queda con todos los bienes, y (...) un organismo rector que es el que maneja y controla todo lo que es el sistema Metrobús y nosotros quedamos completamente fuera de toda injerencia para poder opinar".
