Caterva de rufianes
Conforme avanzan los días rumbo a las elecciones 2018, nos despertamos con noticias que sólo confirman lo que ya sabíamos: el delito de peculado de funcionarios públicos; delito denunciado hasta el cansancio a oídos sordos de la PGR, en un claro y tácito (o quizás, explícito) pacto de impunidad entre el priismo.
Tal delito se configura al aplicar fondos federales a fines distintos a los que originalmente se habían destinado; o que quizás los fines (en este caso el financiamiento de campañas de candidatos priistas) si se aplicaron a los fines previstos, pero a la ciudadanía se le dijo otra cosa; incluso se recurrió muchas veces a la triangulación de los fondos, utilizando empresas fantasmas, haciendo cómplices a universidades o figuras fiscales que ni son físicas ni son morales; esto último, en el doble sentido de la palabra.
Sin duda, la guerra electoral apenas empieza, pues algunos gobernadores panistas están levantando la tapa de la alcantarilla del drenaje, acusando a funcionarios priistas, ex gobernadores y colaboradores de éstos; primero en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, (caso de Javier Duarte), y ahora en Chihuahua, Javier Corral denuncia a César Duarte; denuncia que le está costando 700 millones que la Secretaría de Hacienda le ha retenido al estado, y que tal hecho se ha tipificado como venganza del gobierno federal por indagar las tropelías de priistas.
Ahora resulta que Javier Corral es el malo de la película, porque ha puesto al descubierto el modus operandi del priismo al desviar fondos públicos para el gasto de campañas de candidatos del PRI en las pasadas elecciones en las que Manlio Fabio Beltrones se presume involucrado, y al sentir la lumbre en los aparejos de inmediato buscó el amparo. Pero el hecho que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral haya puesto el dedo en la llaga y exija a la SHCP los 700 millones de pesos, para el fortalecimiento financiero de la entidad le ha costado echarse encima no sólo a la cúpula priista, sino también al titular de Hacienda José Antonio González Anaya, al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y hasta el presidente Peña Nieto; sin contar, por supuesto, al precandidato priista quien en cada mitin ha tildado de traidor, mentiroso y torturador a quien se ha puesto con Sansón a las patadas. Pareciera que Corral se ha metido en camisa de once varas al acusar a César Duarte y hacer que encarcelaran al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por un acto de corrupción consistente en desviar 250 millones de pesos de los recursos públicos a las campañas del PRI
Reza un refrán que “la verdad no peca, pero incomoda” y tal parece que el priismo, sumamente molesto, se ha unido contra Corral por haber destapado la cloaca de la corrupción y de la impunidad en el Priismo; y la verdad no es que no se supiera de esa “caja chica” originada por el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas de la SHPC; más bien, lo que indigna es la discrecionalidad de su operatividad, pues todo queda en el juego del burro y la zanahoria entre gobernadores-SHPC (Gobierno Federal): “Si te portas bien te doy, si no, te retengo la participación a la que tienes derecho”. Triste situación la de México, donde campea cínicamente la corrupción, la impunidad y la inseguridad; donde la mentira es moneda de cambio y los políticos probos son rara avis; pues sin importar partido, colores o ideología, todos buscan el poder por el poder mismo; y el partido que ahora gobierna pasó de un pacto de unidad a un pacto de impunidad que ha hecho de este sexenio un período nefasto donde los gobernadores en complicidad con los funcionarios del Ejecutivo (recuérdese la Estafa Maestra) han saqueado las arcas con desmedida ambición. En todo el mundo hay corrupción, pero en México nos volamos la barda. En Francia, por ejemplo, con el 1% de corrupción que se da en México, ya habrían encarcelado al presidente. Así de grande es este fenómeno; pero lo más triste es que ninguno de los precandidatos a la presidencia plantea una alternativa de solución para combatir la impunidad, madre de la corrupción.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
