Oponen. El coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Pérez, entregó el recurso de impugnación de la Ley de Seguridad Interior.
A tres días de que venza el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula cinco expedientes que buscan declarar inválida la normativa promulgada el pasado 21 de diciembre.
Las demandas fueron interpuestas por separado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), diputados y senadores de oposición, así como por el municipio de San Pedro Cholula (Puebla).
El coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Pérez, entregó ayer un recurso para impugnar tres artículos y 24 fracciones considerados violatorios de las garantías individuales.
El recurso reclama que el Ejecutivo federal pueda ordenar de manera discrecional la intervención de las Fuerzas Armadas y la subordinación de autoridades civiles a militares.
El representante jurídico del INAI, Pablo Muñoz, presentó la acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley.
El escrito, de 49 hojas, busca impugnar los artículos 9 y 31 de la Ley al considerar que viola los principios de máxima publicidad y autonomía del INAI.
Senadores del PRD, PAN y PT-Morena interpusieron ayer un acción de inconstitucionalidad en un documento que contiene la firma de 44 legisladores.
Argumentaron que se están violentando 11 artículos de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las bancadas del PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena en la Cámara de Diputados solicitaron el pasado jueves anular en su totalidad la normativa, con el argumento central de que el Congreso no tenía la facultad para legislar sobre el tema.
La acción argumenta que la ley viola los artículos 49 y 73 de la Constitución.
El Ministro Jorge Pardo admitió la demanda presentada por los diputados y dio 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que rindan informes y envíen a la Corte todos los antecedentes del proceso legislativo.
La admisión no suspende la vigencia de la ley, aunque el Presidente Enrique Peña dijo cuando la promulgó que mientras la Corte resuelve no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que es la principal figura operativa de la norma.
La Corte no tiene plazo para resolver y para cualquier invalidez será necesario el voto de ocho de los 11 ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el Pleno del máximo tribunal.
