Pulso. Tanto en Torreón como en Gómez Palacio existe una percepción generalizada de corrupción en los gobiernos municipales. (JOEL MENDOZA)
México llega al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción ocupando el primer lugar en el índice de percepción de Latinoamérica y el Caribe, y en la Comarca Lagunera el panorama no es distinto, pues 9 de cada 10 ciudadanos considera que esta práctica es frecuente.
Transparencia Internacional señaló en su informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", que México tiene el índice de percepción de la corrupción más alto, seguido de República Dominicana y Perú, mientras que la última encuesta del Observatorio de La Laguna señala que el 94 por ciento de la gente en Torreón y 90 por ciento en Gómez Palacio considera que la corrupción es Muy Frecuente y Frecuente.
Tanto en Torreón como en Gómez Palacio existe una percepción generalizada de corrupción en los gobiernos municipales. Ambos datos están por arriba del promedio nacional, que es de 76 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
El Inegi señala que el 64.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Por otro lado, 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones. En cuanto a los actos de corrupción al realizar trámites o inspecciones, por cada 10 mil unidades económicas, fueron 9 mil 136 en Coahuila y 5 mil 558 en Durango, también por arriba de la media nacional, que es de 3 mil 55.
En Coahuila hubo 801 víctimas de corrupción por cada 10 mil unidades económicas en 2016 y en Durango 621, ambas por arriba del promedio nacional, de 561.
RECLAMO SOCIAL
Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, consideró que la corrupción, que va de la mano con la impunidad, es de los principales reclamos actualmente de la sociedad civil, y es urgente atacarlos, pues ello afecta el desarrollo de las regiones.
"Es un problema que está enraizado, mucha gente piensa que es un tema cultural, que está en los ciudadanos el poder revertir esto, pero si no hay un castigo para la gente que comete actos de corrupción, esto se convierte en un incentivo perverso para que se siga dando", comentó.
"Si no hay una correcta impartición de justicia y un fortalecimiento del Estado de Derecho, seguiremos viendo actos de corrupción a nivel gobierno y sociedad", expresó.
Según datos oficiales y estimaciones de la organización Transparencia Internacional, la corrupción cuesta alrededor de un billón de pesos anualmente a los mexicanos, lo que representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a sus encuestas, el 93 % por ciento de los mexicanos considera que existe mucha corrupción y el 61% cree que el gobierno ha tenido poco éxito en combatirla.
SISTEMA ¿ANTICORRUPCIÓN?
Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero, señaló que en México se consolida un "sistema nacional de autoprotección a la corrupción", envuelto en una dinámica de simulaciones donde parece estar afinando los mecanismos y las estructuras para la simulación en lo que respecta al combate.
"Aquellos casos de persecución de funcionarios o exmandatarios que han desviado fondos obedece más a ajustes de cuentas de los partidos, actos disciplinarios, que a un verdadero deseo de construir un Estado de Derecho, incluso en algunos casos de gobernadores, la persecución que están recibiendo obedece más a una lógica de un castigo porque en lugar de robar para el PRI le robaron al PRI, de otra forma no se explica esa justicia selectiva", explicó.
Por otra parte, señaló, se observa una desatención en casos más graves de corrupción y que tienen un daño más estructural en el país, sus instituciones, el uso de sus recursos y la lógica de las distintas dependencias de gobierno.
Explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene grandes deficiencias: "nos pusimos los zapatos antes que los calcetines". Por ejemplo, refirió que no se hizo una reforma al artículo 108 constitucional que hubiera permitido que el presidente de la República fuera sometido a juicio, pues sólo contempla que sea procesado por delitos del fuero común y traición a la Patria, que es un concepto muy vago y extremo, pensado en una lógica bélica, del siglo XVIII.
"Debería reformarse el Código Penal para que el concepto de traición a la Patria contemplara crímenes contra el erario público, cohecho, firma de tratados y convenios internacionales desventajosos para el país y que limitan las capacidades del estado para responder a sus compromisos con la población, compartir información estratégica, crímenes contra la población, violaciones graves a los Derechos Humanos, pero no se tomó esa ruta", expresó.
Mejía dijo que también se ha abordado el tema de la Fiscalía General de la República, pero los límites a este nuevo instrumento son precisamente la falta de reformas en la Constitución y el Código Penal.
Consideró que la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales ha sido un fracaso porque no se acompañó su proceso de instauración con un mecanismo bilateral de colaboración entre el Estado Mexicano con algún organismo internacional como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, para que con una comisión de apoyo se hubiera verificado la correcta instalación con todos los procesos, desde los fiscales, magistrados, jueces, secretarías técnicas, sino que se le dejó a los gobiernos actuales esta responsabilidad.
"Son sistemas sin dientes, con una escasísima influencia de la sociedad civil, sin facultades, desvinculados de un contexto internacional", comentó, "entonces hay grandes retos y hay mucho por hacer".
EN LA MIRA
Aunque la práctica existe desde hace años, se ha vuelto más visible en los últimos años debido a las redes sociales, pues los actos de corrupción se vuelven virales en minutos, lo que también ha evidenciado la falta de castigo a funcionarios, empresarios y demás actores que incurren en esto.
"Lo que realmente nos preocupa es que poco se ha hecho, hay señalamientos muy claros que se han hecho con investigación periodística que deja, en sustento técnico, hechos de corrupción, pero generalmente no pasa nada, yo creo que ese es el desaliento y desánimo de mucha gente en el país: el que comete un delito tiene muy pocas posibilidades de ser castigado", explicó Zamarripa.
El director del CCI señaló que esta circunstancia alimenta el que se sigan cometiendo delitos, pero la ciudadanía ha optado también por seguir participando en la denuncia, para evitar los altos niveles de corrupción e impunidad.
Consideró que, desde la sociedad civil, se propone evidenciar los actos de corrupción, pero también en el fortalecimiento del Estado de Derecho se deben señalar los grandes vacíos, pues, aunque se monitorea y se evalúa la incidencia delictiva, falta mayor seguimiento en el tema de la procuración de justicia.
"Los países donde hay menor índice de impunidad es donde hay un mayor desarrollo", expuso, "la corrupción cuesta mucho, tanto a los ciudadanos como a las empresas, es un lastre muy pesado y, si no empezamos, desde lo local, a señalar, a evidenciar y a proponer cómo fortalecer el Estado de Derecho, seguiremos años arrastrando todavía este mal que tanto nos aqueja".
Por su parte, Mejía Berdeja señaló que el tema de la corrupción ha sido la principal bandera de los partidos opositores y fue lo que motivó la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, pero cobra relevancia porque, a través de organismos externos, ciudadanos, se ha empezado a monitorear y a tener una idea más clara en el comparativo de los estados y las naciones.
"Cobra importancia porque hay un hartazgo, el tema ha sido bandera de prácticamente todos los candidatos, pero no hay muestras claras de que se combata, el daño que ha hecho a la institucionalidad, vemos debilitamiento y desgaste de las instituciones que deberían protegernos o velar por la justicia, en niveles como nunca antes", expresó.
Señaló que la Ley de Seguridad Interior y el marco jurídico que se prepara para las labores del Ejército son la muestra más grande del fracaso de la estrategia de seguridad pública y de la estrategia de combate a la corrupción.
"La corrupción es el origen de la mayor parte de los males que afectan al pueblo de México, es un 'monstruo' que está consumiendo al país y a sí mismo, estamos en un estado de emergencia porque está amenazando nuestras libertades, cobra importancia porque es una tarea no resuelta, es una molestia, un dolor que sigue ahí, y va a seguir mientras no veamos muestras claras de un cambio", expresó.
Consideró que la sociedad civil organizada debe fortalecer sus relaciones con organismos nacionales e internacionales, buscar la creación de mecanismos bilaterales de colaboración entre el Estado Mexicano y estos organismos, impulsar figuras como la revocación de mandato, la declaración de procedencia, fortalecer las contralorías sociales y crear mecanismos que puedan tener un poder simbólico importante, como sistemas sombras de los sistemas anticorrupción, vigilarlos desde fuera.
"Impulsar leyes como la protección de testigos e informantes, la extinción de dominio, tribunales de alto impacto, hacer uso de los recursos jurídicos que ya nos brindan las leyes mexicanas y ejercer presión contra aquellos funcionarios que hayan cometido actos de corrupción", expresó.
En este sentido, dijo que es necesario impulsar el litigio estratégico y sobre todo, "arrastrar el lápiz", analizar la Ley y proponer reformas para establecer mecanismos de marcaje y control a la corrupción, pues, aunque indicó que la sociedad se reconoce en la protesta, el efecto transformador es a través de las leyes, empoderando a la ciudadanía, poniendo límites al Estado.
"El Estado se está volviendo asfixiante, está yendo en contra del individuo, un Estado que está viendo cómo se refuerza a sí mismo, cómo garantiza su impunidad, cómo limita y obstruye los caminos para el empoderamiento ciudadano", indicó.
GRAN TAREA
Patricia Vargas Bryan, vocera de Participación Ciudadana 29, consideró que México tiene mucha tarea por hacer en el combate a la corrupción, ya que ésta ha llegado hasta los últimos rincones en las actividades del país en todos los niveles.
"El costo que tiene nos retrasan mucho en el desarrollo", dijo.
Vargas Bryan señaló que esto ha ocasionado un aumento de la inconformidad ciudadana a nivel nacional, pero que en la región también ha resultado muy evidente, por la gran cantidad de escándalos que se han generado y, en los cuáles, ha prevalecido la impunidad.
"Se ha llegado a niveles insospechados: hay corrupción en todas partes y revertir esto le va a costar al país mucho tiempo", comentó.
Consideró que, tanto Coahuila como Durango han contribuido mucho a estos escándalos: "especialmente Coahuila, que es referente nacional en cuanto a corrupción se refiere, con el tema de la megadeuda, empresas 'fantasmas', desvío de pensiones, obras duplicadas en ISN y listados federales".
Vargas Bryan consideró que esto ha contribuido mucho al desánimo ciudadano, pues "los ciudadanos no vemos la luz en el camino, tiene que haber una intención férrea de los gobernantes para combatirla y estamos muy lejos de eso".
En este sentido, dijo que la sociedad civil debe seguir organizada y construir una ciudadanía responsable.
"Bien dicen que en un acto de corrupción existen dos partes, bueno pues, dejar de seguir siendo esa contraparte, aunque nos cueste más trabajo y más tiempo hacer trámites o gestiones con el Gobierno. No es fácil, ya que se ha hecho una práctica 'facilona' el resolver todo con un 'moche', pero si no dejamos de ser parte, nunca vamos a combatirla", expresó.
BILLÓN
De pesos cuesta corrupción a mexicanos.
