Los salmones son identificados como peces que nadan a contracorriente en los ríos, enfrentan la fuerza del flujo del agua y los depredadores que buscan alimentarse de ellos. El esfuerzo que los ciudadanos o grupos conservacionistas que buscamos revertir los procesos de deterioro del ambiente es similar al de los salmones, remamos contra los intereses de aquellas personas que han hecho del abuso de los recursos naturales una forma de vida, pero sobre todo, de enriquecimiento.
Tal parece que nuestra especie, los humanos, hemos ejercido tal presión sobre la naturaleza que estamos provocando disturbios en sus sistemas y procesos que determinan la vida en el planeta. Si bien es inevitable que las actividades antrópicas provoquen esas alteraciones en el ambiente, el problema surge cuando rebasan los umbrales que determinan los equilibrios ecológicos, el calentamiento de la tierra derivado de la carbonización de la atmosfera es el mejor ejemplo de lo anterior.
La pregunta es. ¿cómo se puede contener esta depredación de los recursos naturales? La justificación de su uso es posibilitar el funcionamiento de economías que se sustentan en la producción de bienes y servicios que satisfacen la demanda que las sociedades requieren. ¿cómo equilibrar esa relación entre naturaleza y sociedad? La respuesta a esta pregunta se ha definido con el término sustentabilidad: usar esos recursos sin destruir las fuentes donde provienen y a ellos mismos, como sucede con los bosques de los cuales se extrae madera o los ríos y acuíferos donde se obtiene agua.
Sustentabilidad o desarrollo sostenible es, hasta ahora, un paradigma que se cultiva en el seno de las comunidades científicas pero en el ámbito social no pasa de ser una utopía más, de hecho, la ciencia aún no ha resuelto todos los problemas que derivan de esa relación hombre-naturaleza, ni gran parte del conocimiento generado por ella se ha transferido a quienes toman las decisiones que regulan o usan esos recursos.
Debemos reconocer que la distancia entre ese conocimiento y los reguladores o usuarios de los bienes que la naturaleza provee, es, aún abismal y se refleja, al menos en México, en la ausencia de estructuras de vinculación en el seno de las universidades o centros de investigación donde se genera; en ellas la preocupación principal ha sido investigar, pero no aplicar lo que se investiga, y quizás el número de patentes que se registran en nuestro país sea un ejemplo.
Pero no todo depende de que existan las opciones científicas y tecnológicas para resolver los impactos ambientales que derivan de las actividades humanas, y hay que decirlo, gran parte de estos impactos ocurren porque las sociedades y sus gobiernos los permiten. En teoría esas actividades deben ser reguladas por leyes o normas y existen instituciones que deben aplicarlas para que los impactos ambientales no sean mayores o tengan efectos irreversibles en la naturaleza y la propia población humana.
Al ocurrir esto el problema del deterioro ambiental, casi siempre asociado a impactos sociales, se dimensiona en el terreno ético-cultural y político. Ejemplos de lo anterior son tan bastos, podríamos mencionar algunos que nos son comunes en esta región, tal es el caso del agua y los ecosistemas naturales sujetos a protección.
Es claramente conocido por los usuarios del agua, particularmente los grandes usuarios porque las concesiones que se otorgan están concentrados en una élite económica que tiene nombres y apellidos, su responsabilidad o, quizás más bien irresponsabilidad, de que están sobreexplotando y contaminando los acuíferos que abastecen a la población lagunera, pero que ante los beneficios económicos que les brindan las actividades productivas que realizan, no sólo primarias, puesto que su éxito se basa en que han desarrollado las cadenas de valor que les reditúan importantes ganancias, reaccionan como lo que el viento le hace a Juárez, no les mueve un cabello.
Los impactos ambientales, agotamiento de las reservas de agua dulce subterráneas, y sociales, el daño en la salud pública por la contaminación que presenta este recurso, son evidentes, pero los intereses económicos asociados al uso depredador de él, ubica el problema en el terreno ético, de ausencia u omisión de valores culturales, de falta de identidad con la sociedad a la que pertenecen, y político, de incapacidad de las instituciones públicas que regulan ese uso para aplicar las normas que acoten el abuso.
En dos áreas naturales protegidas de la región hay casos similares. En el humedal del Cañón de Fernández, personas que reciben concesiones de la franja federal han realizado cambios en el uso del suelo que afectan la vegetación nativa al edificar sus construcciones recreativas o efectuar actividades productivas, fragmentando y provocando la pérdida de hábitat en un sitio declarado para conservar la vida silvestre. Tal abuso no ha sido acotado por la institución que otorga esas concesiones, mostrando la falta de capacidades para regular violaciones claras a las normas y términos que les rigen.
En Cañón y Sierra de Jimulco, también aparece gente que compra malbaratadamente terrenos a los campesinos aprovechando la condición precaria en que se encuentran, con la finalidad de realizar extracciones de minerales no metálicos, actividades económicas de alto impacto ambiental y bajo beneficio social, sin valorar la importancia del capital natural que se alberga en ese espacio protegido. Confiamos en que desde las instancias oficiales no se les permita realizar estas actividades, y que en esas comunidades sus propietarios las acoten.
Entonces, si tenemos esta desvalorización ético-cultural de usuarios y concesionarios de recursos como el agua y dicho capital natural, e incapacidad institucional para realizar ese acotamiento, quienes observamos tales hechos e, incluso nos involucramos como ciudadanos para evitar esa depredación, finalmente actuamos como los salmones, a contracorriente, esperemos tener éxito como aquellos peces que logran superar el flujo adverso del agua o librar a sus depredadores. Esto no será posible si la sociedad no se entera o el gobierno actúa.
