La prisión estatal de Piedras Negras, en el estado norteño de Coahuila y a sólo seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país.
Todos los niveles de Gobierno supieron lo que ocurría en el norte de Coahuila, la violencia generada en Allende y en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras, de acuerdo al informe: “El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado por el Colegio de México.
"Hay evidencia de que el Gobierno de Coahuila y la Federación sí supieron que algo grave había pasado en el norte de Coahuila", refiere el documento para luego señalar al entonces Fiscal General de Coahuila que estuvo al frente de la dependencia de 2009 al 2011.
Dicho funcionario señaló que le informó de lo sucedido a Patricia Bugarín, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).
El objetivo del mismo es acercarse a la verdad, un paso en la búsqueda de justicia y de colaborar con las familias de desaparecidos para esclarecer lo que ocurrió.
Dicho informe trata de responder a una pregunta ¿Qué ocurrió en el norte de Coahuila? Y en cual se hace una revisión de lo que ocurrió en el penal de Piedras Negras, la venganza del grupo del crimen organizado de los Zetas y la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos.
Prácticamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio cuenta de ello entre 2011 y 2015, cuando calificó el Cereso de Piedras con “cero”. Y detalló que “por la inseguridad al interior de la cárcel no pudo ingresar el personal de la CNDH”.
Oficialmente era una cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad: un centro de operaciones del cartel de Los Zetas que lo mismo usaban para modificar vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas.La prisión estatal de Piedras Negras sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país sin que las autoridades penitenciarias hicieran algo para impedirlo, según un reporte divulgado el martes y basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos.
Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de la fiscalía estatal de 1,535 folios con un centenar de declaraciones que describen una surrealista vida criminal dentro de la prisión mexicana.
Detalla las actividades desarrolladas en el interior del penal, bajo el control del grupo del crimen organizado de los Zetas y revela que pagaban un millón y medio de pesos al año en sobornos a las autoridades del citado centro penitenciario.
El informe refiere incluso la omisión realizada por las autoridades de Coahuila, pues entre el 18 y 22 de marzo de 2011, los habitantes de Allende y Piedras Negras realizaron llamadas de emergencia al Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando (C-4), donde recibieron mil 451 reportes. Sin embargo, refiere que “El C-4 informó a la Fiscalía General de Coahuila haber recibido una sola llamada de Allende”.
Junto al área donde se asesinaba y deshacía los cuerpos de las víctimas se levantaba una de las torres de vigilancia del penal, el cual era controlado por los Zetas mediante amenazas y castigos.
Varios presos al servicio de Los Zetas tenían armas, según el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún guardia portaba alguna. Había miembros del cartel que llegaban de fuera con rifles.
La venta de droga y las extorsiones a los internos financiaban la compra de voluntades. El informe calcula que el cártel reunía el equivalente a unos 75,000 dólares al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los 50 dólares al mes para un guardia raso a los 500 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones.
Además de un lugar de “exterminio” –en palabras de los autores-, la prisión era también refugio de líderes para evitar su detención o lugar de fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes.
El jefe Zeta de la cárcel, un expolicía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en el documento, lo mismo salía del penal a tomar un café custodiado por guardias que se liaba a disparos “por pura diversión” o seleccionaba a esposas de los internos para mantener relaciones sexuales. Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 personas realizaban las tareas de confección de uniformes, modificación de vehículos, carpintería, según el reporte.
La tarea más delicada–y también la mejor pagada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “cocineros”, los encargados de disolver los cadáveres. Según los testimonios, algunas víctimas llegaban vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques de 200 litros.
“Cuando se cocinaba a las personas éstas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… (luego) se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”, declaró el jefe Zeta en diciembre de 2014.
Los guardias que debían estar en las torres eran llevados a otros lugares y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendían por toda la cárcel.
Cuando terminaban el trabajo, los restos eran esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos un río o un campo de futbol.
El informe contó con el apoyo del gobierno estatal, el órgano federal de atención a víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la fiscalía federal y la cancillería no entregaron información.
Testimonios en juicios contra miembros de los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2016 – compendiados en un reciente informe de la Universidad de Texas- apuntan a que hubo en torno a 150 calcinados en la cárcel. Otros creen que más, por eso los académicos piden profundizar las investigaciones para llegar a la verdad y procesar a todos los responsables.
Los investigadores aseguran que miembros del gobierno estatal y del federal sabían lo que ocurría en el penal. La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión estaba controlada por los internos. El reporte de El Colegio de México asegura que “algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces”.
Integrado inicialmente por militares de élite que desertaron, el grupo de Los Zetas surgió como brazo armado del cártel del Golfo. En la primera década del siglo XXI cobró vida propia y creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas que disputó y logró el control de amplios territorios, sobretodo del norte y este del país.
Al paso de los años las autoridades dieron diversos golpes a Los Zetas y detuvieron a varios de sus líderes y operadores. El grupo ha sido señalado como autor de algunas de las peores masacres en el país, incluido el asesinato de 72 migrantes en 2010 y el incendio de un casino en 2011 que dejó 52 muertos.
Lo que pasaba en la cárcel de Piedras Negras no era algo aislado. En marzo de 2011, una supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la ayuda de policías municipales desaparecieran a un número aún indeterminado de familias.
El reporte del Colegio de México asegura que ahí participaron presos de Piedras Negras.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, una organización civil, solicitó hace unos meses a la Corte Penal Internacional iniciar un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad en Coahuila. El tribunal no se ha pronunciado aún.
La situación de violencia en Coahuila llegó en octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, las víctimas se quejaron de la falta de indagatorias transparentes y hablaron de ataques generalizados con complicidad de autoridades. Los gobiernos estatal y federal negaron tales acusaciones y el ejecutivo de Coahuila aseguró que la investigación, iniciada en 2014, sigue abierta.
En septiembre de 2012 se fugaron 129 presos. Las autoridades dijeron entonces que usaron un túnel. Según el expediente de la fiscalía y los testimonios de los juicios de Texas, salieron por la puerta principal; el jefe Zeta había sido trasladado a otro penal y necesitaba refuerzos.
Después de la fuga llegó un nuevo director a Piedras Negras. Apenas duró dos semanas. Un preso ofrece su explicación. “Lo mataron porque no se quiso poner al mando de los viejos”.
Con información de AP
